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El procurador de la Administración, Rigoberto González, ha expresado su desaprobación respecto a los mutuos acuerdos de indemnizaciones autogestionadas en la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), que alcanzan la suma de un millón de dólares. En una declaración que ha sacudido el ámbito político y empresarial panameño, González calificó estos acuerdos como «reprochables».
El procurador anunció que enviará una opinión al Ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, quien también preside la junta directiva de ETESA, solicitando la cancelación de estos pagos. Aunque González aclaró que no puede emitir un juicio sobre la legalidad de estas acciones, su postura sugiere serias preocupaciones éticas.
La controversia se extiende al papel del contralor general de la República, Gerardo Solís, en el refrendo de estos fondos. González enfatizó la importancia del «elemento ético» en los cargos públicos de fiscalización, insinuando que la aprobación de estos pagos podría comprometer la integridad de las instituciones involucradas.
Este caso pone de relieve la delicada línea entre las prácticas empresariales y la ética en el sector público, especialmente en empresas estatales como ETESA. La intervención del procurador podría marcar el inicio de una investigación más profunda sobre las prácticas financieras y de gestión en esta entidad clave del sector eléctrico panameño.
La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas estatales, y podría llevar a un escrutinio más riguroso de los acuerdos financieros en el sector público panameño.
