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En un giro significativo en la política mexicana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido retirar la candidatura al Senado de Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Esta decisión se basa en la suspensión de sus derechos político-electorales, debido a la existencia de al menos dos órdenes de aprehensión en su contra.
La resolución del TEPJF subraya que García Cabeza de Vaca se ha sustraído de la acción de la justicia, evitando ser detenido para enfrentar las acusaciones que pesan sobre él. Esta situación ha llevado a los magistrados a revocar su candidatura, otorgando un plazo de 48 horas al Partido Acción Nacional (PAN) para que nomine a un sustituto.
Este caso no solo resalta las tensiones y desafíos dentro del sistema político mexicano, sino que también pone de relieve la función del sistema judicial en la supervisión de la integridad de los procesos electorales. La decisión ha generado un amplio debate sobre los derechos políticos y las implicaciones legales de las órdenes de aprehensión en las candidaturas políticas.
Mientras tanto, en un caso relacionado, el TEPJF ha validado la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, también del PAN, desestimando las impugnaciones presentadas que cuestionaban su elegibilidad. Este contraste en las resoluciones destaca la complejidad y la variabilidad de los criterios legales aplicados a situaciones políticas similares.
Este episodio subraya la importancia de la transparencia y la legalidad en la política, recordando a los votantes y a los partidos la necesidad de asegurar que todos los candidatos cumplan con los requisitos legales para postularse a cargos públicos.
