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El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, plantea un panorama desafiante para la resolución de la crisis del Subsistema de Beneficio Definido (SEBD), también conocido como el sistema solidario del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Según sus declaraciones, la solución definitiva a este problema no se espera durante el actual gobierno debido al ambiente político inestable y a la necesidad de un espacio de diálogo adecuado.
Enrique Lau enfatiza en la importancia de establecer un diálogo constructivo y formar una mesa de discusión que permita trazar un camino hacia la solución. Una propuesta es extender la fecha límite del IVM hasta 2025 mediante acciones financieras, lo que proporcionaría margen para alcanzar un acuerdo nacional.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha realizado un informe actuarial sobre el sistema de pensiones en Panamá, resaltando una preocupante situación en la que las reservas para jubilaciones se reducirán a «valor nulo» para el año 2024.
El informe de la OIT indica que, en 2019, los ingresos totales del SEBD ascendieron a $1,609 millones, mientras que en 2020 se registraron $1,401 millones. Por otro lado, los gastos totales del SEBD fueron de $1,859 millones en 2019 y $1,919 millones en 2020, generando un déficit de $249.9 millones y $517.5 millones, respectivamente. Estos déficits se han cubierto utilizando los fondos de reserva.
En este contexto, Enrique Lau destaca que el contrato minero podría proporcionar alrededor de $200 millones anuales, lo que ofrecería un respiro hasta el año 2030 para hacer más sostenible el fondo de pensiones de la CSS.
Sin embargo, el panorama es complejo, y algunos expertos como el exsubdirector Francisco Bustamante señalan que se requieren cambios sustantivos en la forma en que se prestan los servicios para convencer a la población de las medidas necesarias. La necesidad de ajustes paramétricos es innegable, pero se subraya la importancia de llevar a cabo reformas en la gestión y organización antes de implementar cambios significativos en la edad de jubilación y los costos.
Francisco Bustamante advierte que abordar el problema de la crisis de la CSS implica enfrentar un costo económico que el Estado tendrá que asumir. Además, se destaca la necesidad de reformas más allá de lo financiero, incluyendo una reestructuración en la forma en que la institución brinda sus servicios.
En resumen, la situación del Subsistema de Beneficio Definido en el sistema de Seguro Social de Panamá presenta desafíos considerables y la necesidad de un enfoque integral que combine ajustes paramétricos con reformas de gestión y organización para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
