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En medio del debate sobre el presupuesto y la planilla legislativa, la Asamblea Nacional responde con cifras y argumentos, defendiendo los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento y autonomía.
La transparencia no consiste únicamente en publicar cifras, sino también en explicar su origen, su propósito y el impacto que tienen en el funcionamiento de las instituciones. Bajo esta premisa, la Asamblea Nacional emitió un comunicado a la nación que busca poner en perspectiva el debate generado alrededor de su presupuesto y estructura de personal.
El Legislativo sostiene que durante los últimos 15 años su operación ha requerido recursos cercanos a los 175 millones de balboas anuales, mientras que establecer un presupuesto aproximado de 120 millones representaría, según la institución, una reducción capaz de comprometer su funcionamiento.
Y aquí surge una realidad que merece ser comprendida: la democracia tiene costos, pero debilitar sus instituciones puede resultar mucho más costoso para el país.
La Asamblea no funciona exclusivamente cuando los diputados ocupan sus curules. Detrás del trabajo legislativo existen 15 comisiones, equipos técnicos, jurídicos y administrativos que participan permanentemente en la elaboración, discusión y aprobación de leyes.
El comunicado también aporta cifras relevantes sobre su personal. Según la institución, el salario promedio ronda los B/.1,500 mensuales, aproximadamente el 40 % de sus colaboradores son permanentes y el 60 % eventuales. Asimismo, señala que únicamente 74 funcionarios permanentes perciben remuneraciones de hasta B/.5,000.
Estos datos merecen ser examinados con objetividad, sin convertir casos particulares en una condena generalizada contra miles de trabajadores.
Defender la autonomía de la Asamblea Nacional no significa otorgarle un cheque en blanco. Significa reconocer que el equilibrio democrático exige instituciones fuertes, eficientes y sometidas al escrutinio ciudadano.
Desde Panamá Noticias Network consideramos positivo que el Órgano Legislativo salga a explicar públicamente su posición. Sin embargo, la mejor defensa de cualquier presupuesto será siempre demostrar, con resultados verificables, que cada balboa responde a una necesidad institucional real.
Panamá necesita una Asamblea que legisle, fiscalice y rinda cuentas; una institución capaz de justificar sus recursos con transparencia y eficiencia.
Porque la verdadera fortaleza institucional no está solamente en cuánto dinero recibe una entidad, sino en cuánto valor devuelve a los panameños.
Y ese debe ser el centro del debate nacional.
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