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Las elecciones de 2024 terminaron hace más de dos años. Los votos se contaron, los candidatos tomaron posesión y Panamá siguió adelante.
Pero hay una factura que todavía sigue viva.
El Tribunal Electoral mantiene compromisos con Multitek Internacional, S.A. por soporte, mantenimiento y arrendamiento de equipos informáticos e impresoras adquiridos para el proceso electoral, dentro de un contrato con vigencia de 2023 a 2027. Y recientemente la propia Asamblea Nacional confirmó un traslado de partidas para continuar atendiendo esas obligaciones.
La cifra es la que prende las alarmas: el contrato fue reportado en aproximadamente B/.8.4 millones. En diciembre de 2025, el TE tuvo que acudir a la Asamblea a solicitar otros B/.1.4 millones para cubrir pagos atrasados de julio a diciembre de ese año.
Sí, leyó bien.
Millones de dólares para alquilar equipos tecnológicos.
Y mientras tanto surge una pregunta elemental que cualquier panameño puede hacerse:
¿Cuánto habría costado comprarlos?
El propio magistrado Alfredo Juncá defendió el leasing asegurando que permite mantener los equipos actualizados y sustituirlos cuando fallen. Incluso sostuvo que comprar tecnología provoca problemas de obsolescencia.
Perfecto.
Entonces que enseñen los números.
Que publiquen el estudio técnico que demuestre que alquilar durante años resulta más barato que comprar. Que expliquen cuánto se ha pagado por cada computadora, impresora y proyector. Y que digan cuánto patrimonio tecnológico quedará finalmente en manos del Estado cuando termine el contrato.
Porque aquí hay algo que cuesta entender: una investigación de Contrapeso reportó que el arrendamiento comprendía 492 laptops, 1,294 computadoras de escritorio, cientos de impresoras, proyectores y consumibles, dentro de un contrato que habría comenzado alrededor de B/.6.7 millones y posteriormente alcanzado los B/.8.4 millones.
Las elecciones terminaron.
El alquiler no.
Y peor aún: la propia discusión legislativa terminó anunciando que se haría una comparación entre comprar o alquilar para saber cuál opción resultaba más rentable.
¿No era ese análisis precisamente lo que debía hacerse antes de comprometer millones de dólares públicos?
PNN no está diciendo que exista un delito ni que Multitek esté cobrando ilegalmente. Existe un contrato y la empresa cobra conforme a ese vínculo.
Pero el verdadero escándalo político está en otra parte:
¿Quién decidió que este era el mejor negocio para Panamá?
Porque cuando el Estado puede terminar pagando millones durante años por bienes que ni siquiera necesariamente pasarán a ser suyos, el ciudadano tiene derecho a exigir explicaciones.
Esto no es dinero del Tribunal Electoral.
No es dinero de los magistrados.
Es dinero de los panameños.
Y mientras Multitek sigue facturando, Panamá merece saber una cosa muy sencilla:
¿QUIÉN GANÓ REALMENTE CON ESTE NEGOCIO: EL ESTADO O MULTITEK?
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Imparciales, pero no indiferentes.
