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Panamá necesita inversión extranjera, hoteles, apartamentos, empleos y nuevos capitales. Que lleguen $40 millones o $200 millones debe ser motivo de interés para el país.
Pero cuando una empresa privada combina inmigración por inversión, promoción gubernamental y venta de sus propios desarrollos inmobiliarios, preguntar no significa oponerse a la inversión. Significa hacer lo que corresponde: due diligence.
Ese es el caso de Mercan Group.
Según información publicada por La Prensa, el grupo desarrollará Pullman Panama City mediante la remodelación del antiguo hotel Sonesta, con una inversión inicial cercana a $40 millones.
El proyecto contempla más de 300 llaves: 180 habitaciones de hotel y 126 suites ejecutivas de propiedad individual, además de restaurantes, bares, spa y otras áreas. La apertura está prevista para 2028.
Y no termina allí.
Jordi Vilanova, presidente de Mercan Properties, reveló además que el grupo impulsa en Santa María un desarrollo de más de 200 apartamentos.
Hasta aquí, inversión privada legítima y bienvenida.
PERO AQUÍ COMIENZAN LAS PREGUNTAS
Mercan no se presenta únicamente como desarrollador inmobiliario.
En su página internacional para Panamá se define como “Official Government Partner” y afirma ser la única compañía a nivel mundial con una asociación oficial con el Gobierno panameño para promover el Programa de Inversionista Calificado. Incluso utiliza expresiones como “direct government liaison”, “priority application handling” y “fast-track processing”.
Y simultáneamente Mercan ofrece sus propios bienes raíces como inversiones que califican para ese programa.
Su página promociona actualmente Pullman Panama City desde $324,000 y Santa Maria Residences desde $364,350, señalando expresamente que ambos califican para la residencia de Inversionista Calificado.
Allí aparece la pregunta que Panamá tiene derecho a formular:
¿Dónde termina la promoción de un programa gubernamental y dónde comienza el negocio privado de quien lo promociona?
No estamos afirmando que exista ilegalidad.
Estamos diciendo que debe existir absoluta transparencia.
¿EXCLUSIVIDAD O MÁS INTERMEDIARIOS?
Existe además otro punto que merece explicación.
Mientras Mercan se anuncia como la única empresa mundial con esta asociación y habla incluso de una relación exclusiva, el propio MICI informó en abril de 2026 que el Programa de Inversionistas Calificados estaba incorporando “más intermediarios”, incluyendo firmas legales y asesores financieros.
Entonces la pregunta es sencilla:
¿Qué exactamente tiene Mercan en exclusiva?
¿Promoción internacional?
¿Acceso institucional?
¿Algún tipo de prioridad?
¿Existe un convenio?
¿Quién lo firmó?
¿Durante cuánto tiempo?
¿Y qué significa realmente que una empresa privada anuncie “priority processing” ante organismos públicos panameños?
Publicar el acuerdo despejaría cualquier duda.
Y EXISTE EL ANTECEDENTE DE PORTUGAL
También sería irresponsable ocultarlo.
En Portugal, Jordi Vilanova Busquets y sociedades vinculadas a Mercan fueron llevados a juicio dentro de la Operação Babel, un enorme proceso relacionado con presunta corrupción y alteraciones de procedimientos urbanísticos.
El Ministerio Público había acusado a 16 personas y sociedades en una investigación sobre intereses inmobiliarios estimados en alrededor de €300 millones.
Pero hay que contar la historia completa:
Jordi Vilanova fue absuelto.
El tribunal determinó que él no había tenido actuación criminal dentro del proceso.
Otros acusados sí fueron condenados. El antiguo vicepresidente municipal recibió 8 años y 6 meses de prisión y el tribunal ordenó pérdidas de ventajas económicas superiores a €28.4 millones.
La absolución de Vilanova debe respetarse exactamente igual que debe conocerse el antecedente.
LA INVERSIÓN NO DEBE TEMERLE A LA TRANSPARENCIA
El Programa de Inversionista Calificado está moviendo cantidades importantes. Entre julio de 2025 y junio de 2026 generó B/.113.6 millones en inversiones, según el MICI.
Por eso esta no es una discusión pequeña.
Estamos hablando de residencia permanente, inversión extranjera, bienes raíces y cientos de millones potenciales.
Mercan tiene todo el derecho a invertir, construir y demostrar que sus proyectos serán beneficiosos para Panamá.
Y el Gobierno tiene una obligación igualmente importante:
explicar públicamente cuál es su relación con Mercan.
Que se publique el convenio.
Que se explique la supuesta exclusividad.
Que se aclare qué significa “prioridad”.
Que sepamos quién realizó el due diligence.
Y que quede absolutamente clara la separación entre promover un programa del Estado y vender propiedades privadas dentro de ese mismo programa.
Panamá debe seguir recibiendo inversión.
Pero una alfombra roja nunca debe convertirse en un cheque en blanco.
Los millones son bienvenidos.
La transparencia es obligatoria.
