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La aprehensión de Publio De Gracia enciende las alarmas alrededor de otra figura de peso de la administración Cortizo. Una auditoría sobre Nadia del Río ya dio el salto de la Contraloría al Ministerio Público y ahora la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llegará la investigación?
El cerco judicial sobre figuras de la pasada administración parece estrecharse.
Después de la aprehensión del exdirector de la Dirección General de Ingresos, Publio De Gracia, ocurrida este lunes 10 de agosto dentro de la denominada Operación Cuestor, las miradas comienzan a dirigirse hacia otro nombre que durante años estuvo en las entrañas del poder durante el gobierno de Laurentino “Nito” Cortizo: Nadia del Río Fernández.
Y esta vez no estamos hablando simplemente de rumores políticos.
Existe una auditoría.
Existe una denuncia penal.
Y existe una investigación que ya se encuentra en la esfera del Ministerio Público.
La Contraloría General de la República informó que el informe de auditoría relacionado con las actuaciones de Nadia del Río fue presentado el 29 de junio de 2026, y posteriormente, el 2 de julio, el caso fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público, al considerar que los hallazgos podían contener elementos que ameritaran una investigación penal.
El expediente adquiere todavía mayor relevancia porque previamente una auditoría forense de la Contraloría había señalado una diferencia de B/.576,768.86 entre los ingresos justificados y los recursos utilizados por la exfuncionaria durante el período analizado.
Del Río ha rechazado públicamente esos señalamientos. Ha cuestionado la metodología utilizada por la Contraloría, sostiene que las cifras fueron infladas y ha denunciado lo que considera una persecución mediática en su contra.
Pero ahora el escenario ha cambiado.
El expediente ya no está únicamente en el terreno de la controversia pública.
Está en manos del Ministerio Público.
EL PRECEDENTE DE PUBLIO DE GRACIA
Lo ocurrido con Publio De Gracia obliga a mirar con especial atención el caso de Nadia del Río.
De Gracia también fue objeto de una auditoría de la Contraloría. Su expediente llegó posteriormente al Ministerio Público y este lunes fue aprehendido mediante un operativo de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
Durante la Operación Cuestor también fueron adoptadas acciones sobre bienes inmuebles, vehículos de alta gama y cuentas bancarias presuntamente vinculadas a la investigación.
La aprehensión de De Gracia no significa, por supuesto, una condena. Será la justicia la encargada de determinar responsabilidades y permanece vigente la presunción de inocencia.
Pero políticamente deja un mensaje imposible de ignorar:
los informes de auditoría están comenzando a producir consecuencias penales concretas.
Y allí aparece inevitablemente el nombre de Nadia del Río.
¿QUIÉNES MÁS PODRÍAN APARECER?
La gran interrogante quizás ya no sea solamente qué ocurrirá con Del Río.
La verdadera pregunta es:
¿hasta dónde puede llegar este expediente y quiénes más podrían quedar vinculados si el Ministerio Público encuentra elementos suficientes?
Nadia del Río no fue una funcionaria cualquiera.
Fue directora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia y una figura cercana al círculo de poder de la administración Cortizo.
Por eso, una investigación sobre sus actuaciones tiene una dimensión que trasciende su responsabilidad individual.
El Ministerio Público tendrá ahora la responsabilidad de determinar si existieron conductas delictivas, cuál fue el origen y destino de los recursos bajo investigación y, fundamentalmente, si hubo otras personas que participaron, facilitaron, colaboraron o se beneficiaron de eventuales irregularidades.
No corresponde condenar anticipadamente a nadie.
Pero tampoco corresponde mirar hacia otro lado.
RUMORES DE NUEVAS ACCIONES
En círculos políticos y judiciales circulan versiones sobre posibles nuevas actuaciones relacionadas con este expediente durante las próximas horas o días.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial de una orden de aprehensión contra Nadia del Río, por lo que cualquier afirmación en ese sentido debe manejarse estrictamente como información no confirmada.
Sin embargo, después de lo ocurrido con Publio De Gracia, resulta inevitable preguntarse:
¿Podría Nadia del Río correr la misma suerte?
La respuesta únicamente la tienen, por ahora, los fiscales que conocen el expediente.
Lo cierto es que el tablero cambió.
Una auditoría que detectó cientos de miles de balboas que la Contraloría considera no suficientemente justificados terminó convertida en una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Publio De Gracia ya fue aprehendido dentro de otro expediente originado igualmente a partir de hallazgos de auditoría.
Ahora todas las miradas están puestas sobre Nadia del Río.
Y detrás de ella podría existir una pregunta todavía más incómoda para quienes ocuparon posiciones de poder entre 2019 y 2024:
¿es Nadia del Río el final de una investigación o apenas una puerta para conocer qué ocurrió dentro de las estructuras de poder de la pasada administración?
Panamá espera respuestas.
Porque investigar el patrimonio de un funcionario no debe depender de colores políticos, amistades ni del gobierno de turno.
El dinero público tiene dueño: los panameños.
Y cuando existen indicios de que un solo centavo pudo terminar donde no correspondía, la obligación de las autoridades no es proteger nombres.
Es investigar hasta el final.
