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El Lcdo. José Miguel Alemán esgrimió su posición, en un medio local de comunicaciones, donde aclaró que a su entender y el de muchos juristas José Raúl Mulino no puede o debe ser inhabilitado.
En su reciente intervención en Telemetro Reporta, el Lcdo. José Miguel Alemán ha destacado un tema de vital importancia en el ámbito jurídico y constitucional: la inhabilitación de José Raúl Mulino como candidato. Alemán argumenta que, desde su punto de vista y el de muchos juristas, Mulino no puede ni debe ser inhabilitado, ya que esto sería contrario a la Constitución del país.
Uno de los puntos clave en la argumentación de Alemán es el artículo 143, numeral tres, de la Constitución Política del país, el cual establece que el Tribunal Electoral tiene la facultad privativa y exclusiva de interpretar y aplicar el código electoral y la ley electoral. Según Alemán, este artículo es claro y no admite interpretaciones que puedan llevar a la inhabilitación de un candidato.
En relación con el caso específico de José Raúl Mulino, Alemán señala que el Tribunal Electoral analizó su situación y tomó la decisión correcta al reconocerlo como candidato por el partido. Alemán menciona que, si bien hubo un análisis detallado del caso, al final se respetó la ley y se llegó a la conclusión de que Mulino no estaba inhabilitado para ser candidato.
Es importante destacar que Alemán hace hincapié en que esta decisión del Tribunal Electoral es definitiva y no admite recurso alguno ante la Corte Suprema de Justicia. Según Alemán, apelar a la Corte Suprema en este caso sería pedirle a esta institución que viole la Constitución, ya que estaría interviniendo en una cuestión que la Constitución reserva exclusivamente al Tribunal Electoral.
En resumen, la posición de José Miguel Alemán es clara: la inhabilitación de José Raúl Mulino como candidato va en contra de la Constitución y de la interpretación que hace el Tribunal Electoral de la ley electoral. Alemán destaca la importancia de respetar las decisiones de las instituciones competentes y de no intentar socavar su autoridad mediante recursos que van en contra de la ley fundamental del país.
