Caso Lili Pink Primera Parte: Conexión Colombia

La caída de Lili Pink no comenzó con una redada, ni con una incautación pública, ni con una denuncia explosiva. Comenzó con un trámite que, en apariencia, parecía rutinario: una solicitud de devolución de IVA presentada en 2021 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, la DIAN.

Lo que debía ser un procedimiento administrativo normal terminó abriendo la puerta a una investigación de mayor alcance. Durante las auditorías, las autoridades detectaron inconsistencias que llamaron poderosamente la atención: proveedores que no existían, operaciones difíciles de rastrear y movimientos comerciales que no encajaban con la lógica del mercado.

A partir de ahí, el caso dejó de ser únicamente tributario y empezó a tomar forma como una investigación de posible contrabando técnico, lavado de activos y simulación de operaciones comerciales.

De acuerdo con la información conocida, la Policía Fiscal y Aduanera ya venía siguiendo desde hacía más de una década un patrón repetido en varias empresas vinculadas a importaciones procedentes de Asia. Los investigadores observaban precios sospechosamente bajos, transacciones fragmentadas y mercancías que ingresaban al país bajo esquemas difíciles de justificar comercialmente.

En el caso de Lili Pink, las autoridades habrían identificado la importación de productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, que posteriormente eran reetiquetados como si fueran de producción nacional. Esa práctica, conocida como contrabando técnico, permite alterar el origen, el valor o la naturaleza de los productos para reducir cargas aduaneras, ocultar trazabilidad o facilitar su comercialización en el mercado interno.

El rastro de las operaciones llevó a puntos clave de entrada en Colombia, entre ellos Maicao, Barranquilla y Tumaco. Lo que en principio parecía una revisión tributaria terminó escalando hasta la Fiscalía, donde el expediente tomó una dimensión mucho más amplia.

Esta semana, el caso explotó públicamente.

Las autoridades colombianas intervinieron la cadena en una operación masiva que impactó 450 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, con acciones desplegadas en 59 ciudades. Según la Fiscalía, detrás de esta estructura habría una presunta red de lavado de activos que movió más de 730 mil millones de pesos colombianos, una cifra cercana a los 200 millones de dólares.

La hipótesis de los investigadores apunta a que las maniobras buscaban simular operaciones comerciales, ocultar el origen real del dinero y facilitar su ingreso al sistema legal. En otras palabras, no se trataría únicamente de mercancía irregular, sino de una estructura financiera diseñada para darle apariencia de legalidad a recursos de origen cuestionado.

Uno de los elementos más delicados del expediente es que, durante la investigación, las autoridades también habrían detectado posibles filtraciones internas y alertas anticipadas a la empresa. Ese punto abre una nueva línea de preguntas sobre quiénes pudieron advertir los movimientos oficiales antes de que se ejecutaran los operativos.

Por ahora, el proceso judicial continúa abierto. Los locales de Lili Pink siguen funcionando mientras avanza la investigación, pero el caso ya dejó de ser un asunto empresarial para convertirse en una historia de alcance regional.

Desde Panamá, este expediente también despierta interrogantes. No solo por el volumen de dinero señalado por las autoridades colombianas, sino por la posibilidad de que algunas rutas, conexiones comerciales o estructuras financieras hayan cruzado fronteras.

La primera parte de esta historia apunta hacia Colombia. Pero el mapa podría ser más amplio.

Mañana Segunda Parte Conexión Panamá.