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Panamá no puede avanzar si no enfrenta su pasado reciente con valentía. Y en ese pasado hay capítulos que aún no se han cerrado. Uno de ellos tiene nombre propio: la Conexión Chiriquí.
Durante las investigaciones que hoy alcanzan al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, emerge un entramado que no puede pasar desapercibido. No se trata solo de decisiones políticas cuestionables. Se trata de vínculos familiares, adjudicaciones directas y millonarias obras públicas que terminan, sospechosamente, en manos de un mismo círculo.
En el centro de este capítulo aparece Guillermo Carrizo, hermano de Gaby. Su nombre figura cerca de varios negocios que, más que coincidencias, parecen piezas de un rompecabezas perfectamente ensamblado.
No hablaremos aquí —todavía— de las especulaciones sobre “cash back” en los bonos de pandemia. Tampoco entraremos en el polémico negocio de sementales y embriones en el MIDA, ni en las tierras vinculadas a ANATI. Esos capítulos merecen su propia lupa. Ni siquiera abordaremos hoy la millonaria compra de arroz a la empresa del padre de la esposa de Guillermo.
Hoy vamos a lo concreto. A los números. A los contratos.
En plena pandemia, cuando el país lloraba muertos, cerraba empresas y sobrevivía con incertidumbre, se adjudicó de manera directa un contrato cercano a los 5 millones de dólares para la construcción de la sede de la DIJ en David. El beneficiario: J&R Inc, empresa vinculada a los hermanos Mariño, familiares directos de Mónica Anguizola Mariño, esposa de Guillermo Carrizo.
Pero la historia no termina allí.
Posteriormente, durante el mismo gobierno en el que Gaby Carrizo fue figura central, se adjudicó a la misma empresa el diseño y construcción de la nueva sede de la Contraloría. Antes de que el concreto tocara el suelo, el padre de Mónica vendía el terreno donde se levantaría la obra. Negocio redondo.
La obra, que inicialmente rondaba los 4 millones de dólares (sin incluir el terreno), terminó inflándose mediante adendas hasta alcanzar los 8 millones de dólares.
¿Casualidad?
¿Coincidencia reiterada?
¿O el reflejo de cómo operaba un círculo íntimo desde las entrañas del poder?
Aquí no se acusa sin pruebas judiciales. Pero sí se plantea una realidad política y moral: cuando los contratos públicos terminan sistemáticamente en manos de familiares y allegados, la confianza ciudadana se derrumba.
Estos son solo dos de los “negocios” donde las familias Anguizola-Mariño aparecen beneficiadas en un contexto de cercanía directa con el poder político de Gabriel Carrizo.
Panamá merece respuestas.
Panamá merece transparencia.
Panamá merece que la justicia avance sin mirar apellidos.
Porque mientras algunos hacían “negocios redondos”, miles de panameños perdían empleos, cerraban emprendimientos y enterraban familiares.
La Conexión Chiriquí no es solo un capítulo judicial. Es un espejo de lo que no puede volver a ocurrir.
En próximas entregas abordaremos los otros componentes de este entramado: la compra de arroz, el negocio de los sementales y las tierras que hoy están bajo cuestionamiento.
La conciencia nacional no puede seguir dormida.
Y la memoria tampoco.
Nota editorial:
Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
