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El abogado Roiz Navarro no titubea. Habla claro, con nombre y apellido, y lo hace desde una posición que incomoda a muchos: la del jurista que decidió llevar al terreno penal lo que otros prefirieron callar. Hoy, su denuncia va más allá de los tribunales: asegura estar recibiendo amenazas de muerte tras interponer una querella que ya fue formalmente admitida por las autoridades competentes.
La querella penal presentada por Navarro apunta directamente contra Rolando López, alias “Picuiro”, y Kenia Porcell, en un proceso que ya superó la etapa inicial y abre formalmente el debate penal. No se trata de declaraciones mediáticas ni de fuegos artificiales jurídicos: el expediente avanza, y con él, las obligaciones procesales de los querellados, quienes ahora deben ser notificados y ejercer su defensa bajo el principio de presunción de inocencia, el mismo principio que —según Navarro— muchos olvidaron cuando ostentaban poder.
Pero el golpe más sensible del caso tiene nombre político. Juan Carlos Varela, expresidente de la República, también fue querellado dentro de este mismo contexto. En su caso, el proceso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, debido a su actual condición de miembro del PARLACEN, una figura que no extingue responsabilidades, pero sí redefine la competencia judicial.
Navarro ha sido enfático: los ataques personales, las descalificaciones y las presiones no forman parte del Derecho Penal ni del Derecho Procesal Penal. Para él, son ruido. “Irrelevantes”, según sus propias palabras. Asegura que su rol es uno solo: hacer valer los derechos de las víctimas dentro de los denominados Varela Leaks, caiga quien caiga y venga la presión de donde venga.
El mensaje más contundente no está en los expedientes, sino en su postura pública:
“Solo temo a Dios, a ningún hombre”.
Una frase que, en el contexto actual, no suena a retórica, sino a advertencia.
El caso avanza. Las amenazas existen, según denuncia el abogado. Y el país observa. Porque cuando un jurista asegura que su vida está en riesgo por activar los mecanismos de la justicia, la pregunta deja de ser jurídica y se convierte en política, ética y nacional.
Esto ya no es solo un proceso penal.
Es una prueba de fuego para el Estado de Derecho.
