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Durante años, el caso Odebrecht en Panamá fue presentado como el gran símbolo de la lucha contra la corrupción. Conferencias de prensa, titulares estridentes, viajes, comisiones, peritajes y una expectativa nacional alimentada con la promesa de que “caerían los peces gordos”. Hoy, tras semanas de audiencias en su etapa probatoria, la realidad comienza a imponerse con crudeza: el caso se desinfla, el proceso hace agua y el resultado parece inevitable. Todos saldrán libres… salvo uno.
No por falta de escándalo, ni por ausencia de recursos, sino por un trabajo deficiente de la Fiscalía, que construyó un expediente más mediático que técnico, más político que jurídico.
La etapa probatoria ha dejado al descubierto vacíos difíciles de justificar. El propio perito de la Fiscalía, Lee, reconoció en audiencia que no revisó los libros de acciones de las sociedades vinculadas a Odebrecht, ni analizó la estructura accionaria ni posibles vínculos indirectos. Su peritaje se limitó a una revisión básica de estados de cuenta, sin profundizar en elementos clave que habrían sido determinantes para sostener una teoría robusta del caso.
En un proceso de esta magnitud, esa omisión no es menor: es estructural.
Más revelador aún ha sido el alcance real de los testimonios. Mauricio Cort, testigo clave dentro del esquema de delación premiada, solo señala de manera directa a Federico Suárez. No extiende responsabilidades, no menciona a otros imputados, no describe una red amplia ni un entramado sistémico de corrupción local. Su relato es quirúrgico y puntual. Y en derecho penal, lo puntual no se puede convertir en colectivo por conveniencia narrativa.
En contraste, los demás procesados lograron desmontar, uno a uno, los señalamientos. Los testigos de Papadimitu y de Duboa explicaron y justificaron el origen de sus fondos. A ello se sumaron los testimonios internacionales provenientes de Andorra. Juan Cejudo y Santiago Roselló fueron consistentes y claros: no detectaron irregularidades en las operaciones vinculadas a Odebrecht, afirmando que se trataba de una empresa con trayectoria internacional y que cumplió con los procesos de debida diligencia exigidos en ese momento.
Este punto es incómodo, pero esencial: la narrativa política que se intentó imponer no siempre coincide con la realidad probatoria.
Para agravar el panorama de la acusación, la Fiscalía introdujo pruebas documentales de forma extraordinaria, las cuales fueron objetadas por carecer de apostilla y traducciones idóneas, afectando seriamente su validez procesal. En un caso de esta envergadura, errores formales como estos no son simples tecnicismos; son fallas que pueden derrumbar un proceso entero.
Así, tras dos semanas intensas de audiencias —y cuando el juicio entra en su recta final con los alegatos que iniciarán la próxima semana y concluirán el viernes de Carnaval— el escenario es cada vez más claro: no habrá condenas múltiples, no habrá cierre épico, no habrá la justicia ejemplar prometida.
Habrá, eso sí, un gran saldo político, económico y social: millones de dólares invertidos, años de desgaste institucional y una ciudadanía que vuelve a preguntarse si el sistema realmente está diseñado para sancionar a todos por igual.
Federico Suárez parece ser la excepción, no por una decisión judicial anticipada, sino porque es el único señalado de forma directa por el delator premiado. El resto, por ausencia de pruebas sólidas y por errores graves de la acusación, camina hacia la absolución.
El caso Odebrecht en Panamá no pasará a la historia como el gran golpe contra la corrupción, sino como el circo judicial más costoso de la última década, donde el ruido fue inversamente proporcional a los resultados.
Y eso, más allá de nombres propios, es una derrota institucional que el país no puede seguir normalizando.
