Sede de la Cancillería de Panamá representando la diplomacia y el orden legal

Postura de la Cancillería sobre fallo de la Corte Suprema

Redacción PNN 04/02/2026

El compromiso con el Estado de Derecho en Panamá

La Cancillería de la República de Panamá emitió un pronunciamiento oficial este 4 de febrero de 2026 para reafirmar el compromiso inquebrantable del país con el Estado de Derecho y la independencia de sus órganos institucionales. Esta declaración surge como respuesta directa a la reciente decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia, la cual se centra en una controversia legal vinculada a una concesión portuaria en territorio nacional.

El Gobierno Nacional ha sido enfático al señalar que este fallo constituye el ejercicio legítimo de las facultades del Órgano Judicial. Según el comunicado, la determinación es de carácter estrictamente jurídico y se fundamenta en el análisis exhaustivo del ordenamiento legal panameño. Se descarta cualquier interpretación que sugiera motivaciones de índole política o geopolítica detrás de la sentencia judicial.

La Cancillería y la defensa de la independencia judicial

Dentro del marco de sus competencias, la Cancillería destaca la importancia de la separación de poderes como pilar de la democracia panameña. El respeto a las decisiones judiciales es un principio que el país aplica internamente y que, de igual forma, espera de la comunidad internacional. La administración actual exhorta a las partes interesadas, tanto nacionales como extranjeras, a reconocer la soberanía de los procesos legales locales.

Este llamado al respeto mutuo se alinea con la práctica global donde las empresas panameñas se someten a las jurisdicciones de otros Estados. Panamá mantiene una política exterior basada en la convivencia pacífica y la no injerencia en asuntos internos, reafirmando su posición como un actor responsable y confiable dentro del orden económico internacional regido por normas claras.

Neutralidad del Canal de Panamá y seguridad jurídica

Un punto central de la comunicación oficial es la protección de los activos estratégicos del país. Se recuerda que la neutralidad del Canal de Panamá es un principio protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de neutralidad. El resguardo de esta vía interoceánica incluye necesariamente la defensa del interés público y la transparencia en la gestión de las concesiones vinculadas a su operación.

Garantías para la inversión internacional

Panamá reitera que cualquier controversia relacionada con contratos o concesiones debe resolverse exclusivamente dentro del marco legal correspondiente. Esta postura busca fortalecer la confianza de los mercados globales, asegurando que el país sigue siendo un entorno seguro para el comercio internacional justo y abierto. La soberanía jurídica se presenta, por tanto, como una garantía para el beneficio del pueblo panameño y de la comunidad global que utiliza la ruta interoceánica.