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La empresa Panama Ports Company (PPC) ha oficializado el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Panamá. Esta acción legal, presentada el 3 de febrero de 2026, se fundamenta en las cláusulas de su contrato de concesión y se rige bajo las normativas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El conflicto surge en un momento de alta tensión jurídica tras recientes decisiones judiciales que afectan la operatividad de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El impacto legal para Panama Ports Company
El detonante principal de esta medida fue el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de enero. En dicha sentencia, el máximo tribunal concluyó que no existe una concesión vigente para la administración de las terminales mencionadas. La Corte argumentó que el contrato-ley suscrito con Panama Ports Company es lesivo al interés público, señalando que vulnera múltiples artículos de la Constitución Política al otorgar beneficios desproporcionados a la concesionaria en detrimento del bienestar colectivo del Estado.
Ante esta situación, la compañía sostiene que ha sido objeto de una campaña dirigida específicamente a desestabilizar sus operaciones. Según el comunicado oficial de la empresa, las acciones del Estado han causado daños graves e inminentes. La firma alega que, a pesar de haber buscado vías de diálogo durante un año para evitar el litigio, sus comunicaciones y solicitudes de claridad han sido sistemáticamente desestimadas por las autoridades panameñas.
Discrepancias sobre la seguridad jurídica
Un punto crítico en la disputa es la naturaleza del acuerdo. La empresa enfatiza que su relación contractual posee el estatus de contrato-ley, resultado de un proceso de licitación internacional transparente. Panama Ports Company considera que el Estado ha incumplido el marco legal aplicable al revertir posiciones mantenidas durante décadas. Además, subrayan que el fallo judicial que declara la inconstitucionalidad aún no se ha publicado formalmente ni ha entrado en vigor.
Por otro lado, la tensión aumentó cuando el Gobierno de Panamá solicitó acceso irrestricto a la propiedad física e intelectual de la empresa, así como a su información comercial y bases de datos de empleados. Esta solicitud se ampara en un plan de transición que, según la concesionaria, no ha podido ser revisado formalmente, lo que genera mayor incertidumbre sobre la continuidad operativa.
Perspectivas del proceso internacional
A pesar de la apertura del proceso arbitral, la administración de la terminal portuaria mantiene una postura abierta a la consulta. La empresa reitera su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y buscar una resolución negociada. El desarrollo de este arbitraje internacional será clave para definir el futuro de la infraestructura portuaria en el país y enviará una señal importante a los inversores extranjeros sobre la seguridad jurídica en el sector logístico nacional.
