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La Fiscalía Anticorrupción actúa contra José Gabriel Carrizo
La justicia panameña ha dado un paso contundente en las investigaciones sobre la administración pública. La Fiscalía Anticorrupción de Panamá ha emitido una orden formal de aprehensión y conducción contra José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. La medida, oficializada mediante la Resolución No. 01-2026, marca un hito en el proceso judicial que busca esclarecer diversas inconsistencias detectadas en el patrimonio del exfuncionario durante su gestión.
La orden fue remitida directamente a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para su ejecución inmediata. Según el Ministerio Público, las diligencias actuales se centran en el análisis técnico de bienes y cuentas bancarias que no guardan relación con los ingresos declarados por el investigado. Aunque el proceso se mantiene bajo reserva en varios de sus folios, las autoridades confirmaron que el objetivo primordial es garantizar la comparecencia de Carrizo ante los tribunales correspondientes.
El origen de la investigación contra José Gabriel Carrizo
De acuerdo con los documentos oficiales, la medida forma parte de una serie de diligencias que analizan posibles faltas contra la administración pública. El Ministerio Público ha reiterado que todo el proceso se realiza en estricto apego al debido proceso, recordando que el investigado goza de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.
Las autoridades han enfocado sus esfuerzos en auditar el crecimiento patrimonial del exvicepresidente, buscando determinar si los fondos utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y otros activos provienen de fuentes lícitas. Esta acción judicial responde a una demanda ciudadana de transparencia sobre el manejo de los recursos del Estado en el periodo constitucional previo.
Reacción desde el extranjero y defensa legal
Desde el exterior, el exvicepresidente utilizó sus canales oficiales para reaccionar a la noticia. Confirmó que se encuentra fuera del país por motivos estrictamente familiares, pero aseguró que está gestionando su retorno para enfrentar lo que califica como una «persecución política». Carrizo denunció públicamente al contralor general, Anel Flores, alegando supuestas llamadas amenazantes a sus familiares durante la fase de auditoría.
Un elemento clave en este escenario es la juramentación de Carrizo ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), programada para este martes 27 de enero. Este movimiento es interpretado por diversos sectores como una búsqueda de inmunidad parlamentaria, aunque el Ministerio Público sostiene que el proceso judicial debe seguir su curso bajo las leyes nacionales. La defensa técnica también ha señalado irregularidades en el secuestro de bienes realizado anteriormente, alegando que afectan el patrimonio familiar de su esposa y no el suyo propio. El caso continúa en desarrollo mientras el país espera el retorno del exfuncionario para rendir cuentas ante la ley.
