Gaby Carrizo, Ventiladores y la Conexión Venezolana

PNN | Investigación Especial

La pandemia del Covid-19 no solo puso a prueba los sistemas de salud de América Latina, sino también la transparencia de muchos gobiernos. En Panamá, uno de los episodios más controvertidos de la emergencia sanitaria sigue siendo la compra de ventiladores mecánicos, equipos vitales para salvar vidas, pero que terminaron convertidos en símbolo de dudas, conexiones internacionales y decisiones que aún hoy generan más preguntas que respuestas.

Una emergencia, millones de dólares y una empresa desconocida

En marzo de 2020, en pleno estado de emergencia nacional, el Estado panameño firmó un contrato por 2.3 millones de dólares para la adquisición de 53 ventiladores destinados a hospitales públicos. El proveedor: Primo Medical Group, una empresa hasta entonces poco conocida en el mercado panameño de equipos médicos especializados.

El contrato llamó la atención no solo por el monto, sino por el perfil de la empresa adjudicada. Según investigaciones periodísticas, Primo Medical Group no tenía trayectoria previa en la importación de ventiladores, carecía de registros históricos relevantes en aduanas y no era reconocida por otras compañías del sector como un actor habitual en este tipo de suministros críticos.

Aun así, fue seleccionada bajo el argumento de que contaba con equipos de entrega inmediata, un factor clave en medio de la crisis sanitaria.

Ventiladores con fallas y entregas incompletas

Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir reportes inquietantes desde hospitales públicos:
ventiladores incompletos, fallas técnicas, piezas faltantes y equipos que no cumplían con los estándares esperados para unidades de cuidados intensivos.

De las 53 unidades contratadas, solo 32 habrían sido entregadas inicialmente, según registros conocidos, lo que encendió las alarmas sobre el manejo del contrato, los controles aplicados y la supervisión estatal durante el proceso.

La conexión venezolana

El caso tomó un giro aún más sensible cuando se conoció que Primo Medical Group estaba dirigida por los hermanos venezolanos Carlos, Roberto y Rommel Bogarín Rangel, vinculados a un grupo familiar con raíces empresariales en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

En su sitio web, la empresa se presentaba como parte de un “importante grupo empresarial familiar con experiencia desde 1980 en suministros médicos”, afirmación que contrastaba con la falta de registros comprobables de operaciones relevantes en Panamá durante la década previa.

Esta conexión venezolana, sumada al contexto regional de escándalos por compras infladas y contratos irregulares durante la pandemia, elevó el nivel de sospecha pública.

El rol del Ministerio de la Presidencia y Gaby Carrizo

En el momento de la compra, José Gabriel “Gaby” Carrizo ejercía como vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, cartera desde la cual se coordinaron múltiples adquisiciones vinculadas a la emergencia sanitaria.

Si bien Carrizo ha defendido públicamente que las compras se realizaron dentro del marco legal y bajo las condiciones excepcionales que imponía la pandemia, lo cierto es que fue su entorno institucional el que gestionó uno de los contratos más cuestionados del periodo Covid-19.

La polémica creció al punto de provocar renuncias de altos funcionarios y la apertura de investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público, mientras la opinión pública comenzaba a preguntarse si la urgencia sanitaria fue utilizada como atajo para decisiones poco rigurosas.

Preguntas que siguen abiertas

Años después, el caso de los ventiladores sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva:

• ¿Cómo una empresa sin experiencia comprobada accedió a un contrato millonario?
• ¿Por qué los equipos presentaron fallas en un momento crítico para el país?
• ¿Qué controles reales se aplicaron desde el Ministerio de la Presidencia?
• ¿Pesaron más las conexiones que la capacidad técnica?

Pandemia, poder y silencio

Gaby Carrizo no ha sido condenado ni formalmente acusado por este caso. Sin embargo, el episodio de los ventiladores se suma a una cadena de cuestionamientos que hoy forman parte del debate nacional sobre su gestión y su patrimonio político.

En Panamá, como en otros países de la región, la pandemia no solo dejó víctimas y cicatrices sanitarias. También dejó contratos, nombres y conexiones que siguen exigiendo explicaciones.

Y mientras los ventiladores dejaron de ser noticia en los hospitales, siguen respirando en la memoria política del país.

Nota editorial

Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.