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Los escándalos del gobierno de Laurentino “Nito” Cortizo ya no son un asunto interno. Han cruzado fronteras y hoy golpean directamente la imagen internacional de Panamá, confirmando que durante ese quinquenio el poder político fue utilizado como plataforma para relaciones peligrosas entre funcionarios y empresarios.
La investigación que involucra al empresario gallego Juan Carlos Soto y a la exfuncionaria panameña Nadia del Río, quien formó parte del entorno cercano del expresidente Cortizo, destapa un entramado que mezcla relaciones personales, beneficios estatales y un presunto esquema de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según las pesquisas en curso, Soto habría obtenido beneficios directos del Estado panameño, incluyendo el uso y control de tierras estatales y contratos de alquiler y servicios, sin procesos claros de licitación ni justificación económica transparente. Estas operaciones estarían vinculadas a su relación con Del Río, quien, desde su posición privilegiada en el aparato gubernamental, habría facilitado el acceso, la cercanía y las condiciones para estos negocios.
Lo verdaderamente escandaloso no es solo el nombre del empresario extranjero ni el de la exfuncionaria. El verdadero escándalo es que estos hechos se produjeron en el corazón del poder, bajo un gobierno que prometió transparencia, pero que terminó dejando una estela de dudas, silencios cómplices y permisividad institucional.
Durante la administración de Nito Cortizo, Panamá fue testigo de una peligrosa normalización de la opacidad:
contratos cuestionables, adjudicaciones sin competencia real, funcionarios con acceso privilegiado y una justicia lenta o ausente cuando los involucrados tenían apellido, cargo o conexiones.
Hoy, que estas investigaciones trascienden nuestras fronteras, queda al descubierto una realidad incómoda: la institucionalidad panameña falló en actuar a tiempo, permitiendo que el descrédito del país se exportara al plano internacional.
Este no es un linchamiento político. Es una exigencia ciudadana. Panamá no puede seguir siendo noticia por servir de escenario para negocios turbios entre el poder y el dinero, mientras la mayoría de los panameños lucha por sobrevivir en un país golpeado por la desigualdad y la desconfianza.
Los nombres ya están sobre la mesa.
Los vínculos, bajo investigación.
El daño, hecho.
Los escándalos del gobierno de Nito Cortizo no murieron con el cambio de mando. Hoy resurgen, más grandes y más graves, porque cuando la corrupción cruza fronteras, la vergüenza nacional también lo hace.
Y mientras no haya consecuencias reales, el mensaje seguirá siendo devastador: en Panamá, el poder pasa, pero la impunidad se queda.
