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La reciente megaoperación policial en Río de Janeiro, que dejó un saldo trágico de 121 muertos, ha generado un intenso debate sobre su efectividad real en la lucha contra el crimen organizado, específicamente contra el Comando Vermelho (CV), una de las bandas criminales más poderosas de Brasil. Mientras el gobierno local la califica como un éxito, voces críticas cuestionan su impacto y señalan la brutalidad empleada.
El operativo, desplegado el 28 de octubre en los barrios de Alemão y Penha, movilizó a 2.500 agentes con el objetivo de capturar a miembros del Comando Vermelho, que controla una extensa área de 9 kilómetros cuadrados. El secretario de Seguridad Pública de Río declaró que la acción buscaba ejecutar decenas de órdenes de arresto. Sin embargo, una investigación posterior reveló inconsistencias entre la lista de fallecidos y la de sospechosos proporcionada por la fiscalía.
Además, a pesar de las detenciones, el principal líder del Comando Vermelho, Edgar Alves de Andrade, alias Doca, no fue capturado. Expertos como Carlos Schmidt-Padilla, profesor de la Universidad de California en Berkeley, señalan que, si el objetivo era desmantelar la cúpula de la organización, la operación resultó en un fracaso. Incluso, un subsecretario de la policía militar reconoció ante el Senado que el impacto en el desmantelamiento del CV fue «insignificante».
La realidad en las favelas controladas por el Comando Vermelho parece no haber cambiado significativamente. Residentes de Alemão y Penha afirman que el control del CV persiste, con hombres armados patrullando las calles incluso después del operativo. Esta banda criminal no solo se dedica al narcotráfico, sino que también monopoliza servicios esenciales como el suministro de gas, televisión por cable, internet y transporte, cobrando precios abusivos a los residentes.
El Comando Vermelho impone reglas estrictas en las zonas bajo su dominio, controlando incluso la vestimenta y aplicando castigos severos, que van desde la pérdida de una mano hasta la ejecución, por lo que consideran transgresiones. También actúan como jueces en casos de violencia doméstica y prohíben a los residentes tener relaciones con miembros de facciones rivales o agentes de policía. La difusión de imágenes y videos que comprometan a la banda es severamente castigada.
A pesar de la omnipresencia de los teléfonos móviles, el Comando Vermelho lucha por controlar el flujo de información en internet, recurriendo a la violencia y la tortura para silenciar a quienes se atreven a desafiar su autoridad.
La Fiscalía de Río de Janeiro justificó el megaoperativo con base en los informes sobre el aumento de la violencia y la expansión del control territorial del Comando Vermelho. A pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos, el gobernador Cláudio Castro ha anunciado que se realizarán más operativos contra el crimen organizado. Paradójicamente, la aprobación del gobernador ha aumentado tras la redada, superando incluso la del presidente Lula da Silva.
En respuesta a la controversia, el gobierno federal ha anunciado una investigación sobre los hechos. Mientras tanto, el gobernador Castro se mantiene firme en su postura, declarando que «Río ha contraatacado, y todo Brasil contraataca con nosotros». Sin embargo, la pregunta persiste: ¿fue la megaoperación un golpe efectivo contra el Comando Vermelho o una estrategia fallida con consecuencias trágicas?
