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Chile se enfrenta a una peculiar situación preelectoral: la seguridad se ha convertido en el tema central del debate político, a pesar de que el país registra índices de criminalidad inferiores a los de muchas otras naciones latinoamericanas. Según una encuesta de Ipsos, el 63% de los chilenos adultos considera el crimen y la violencia como sus mayores preocupaciones, superando a países con tasas de homicidios significativamente más altas como México y Colombia.
Este temor generalizado coloca a Chile como el segundo país más preocupado por la criminalidad entre 30 naciones encuestadas, solo superado por Perú. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, destaca que Chile, con 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, está lejos de ser el país con mayores problemas de crimen en la región o a nivel global. Sin embargo, el miedo a ser víctima de un delito ha aumentado en los últimos años.
Johnson, ingeniero civil y experto en políticas públicas, plantea varias hipótesis para explicar esta paradoja. Señala que las mujeres y los sectores socioeconómicos más bajos son particularmente propensos a sentir temor. Aunque históricamente Chile ha mostrado niveles de temor altos en relación a su índice delictual, la situación se ha agravado recientemente.
Un factor que contribuye es el aumento de la inmigración, que ha coincidido con un incremento en ciertos tipos de delitos que generan gran inquietud. Si bien la tasa de homicidios en Chile es baja en comparación con otros países de la región, se ha duplicado en la última década. Además, un tercio de los hogares chilenos ha sido víctima de robos o intentos de robo en el último semestre.
El aumento de delitos violentos, como los robos con intimidación, las extorsiones y los secuestros, también alimenta el temor. Johnson explica que la aparición de nuevas organizaciones criminales, algunas vinculadas a personas de nacionalidad extranjera, ha generado un cambio en las dinámicas delictuales, con un mayor uso de armas de fuego y un aumento de homicidios planificados.
La desconfianza en las instituciones, a excepción de la policía, también juega un papel importante. La falta de confianza en la protección del Estado reduce la denuncia de delitos, lo que a su vez disminuye la capacidad del sistema para responder eficazmente.
El gobierno de Gabriel Boric ha intentado abordar el problema fortaleciendo la institucionalidad y creando un Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la ciudadanía exige soluciones rápidas, como mayor patrullaje policial e iluminación, medidas que a menudo tienen un impacto limitado si no se acompañan de estrategias más complejas.
Respecto a la inmigración, Johnson señala que, si bien un estudio hasta 2020 no encontró una correlación directa con el aumento de delitos, investigaciones recientes sugieren una relación con ciertos tipos de crímenes cometidos por personas de nacionalidad extranjera. Organizaciones como el Tren de Aragua, aunque pequeñas en número, pueden causar un daño significativo al involucrarse en delitos violentos como el tráfico de personas, la extorsión y el secuestro.
Finalmente, Johnson advierte que el temor al delito está siendo utilizado por los candidatos presidenciales para captar votos. Si bien esto es comprensible, puede exacerbar el sentimiento de temor. Los partidos más conservadores tienden a enfocarse en el control policial, mientras que los partidos de izquierda priorizan soluciones sociales. Sin embargo, Johnson considera que ambos enfoques son necesarios para abordar el problema de manera efectiva.
En un contexto regional marcado por la violencia y el crimen organizado, los chilenos temen que su país pueda seguir el mismo camino. Esta preocupación está siendo explotada en la campaña política, generando un debate sobre las soluciones más adecuadas para garantizar la seguridad pública.
