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¡Escándalo en los pasillos del poder!
La abogada Odila Castillo Bonilla, conocida por su paso como asesora del excontralor Gerardo Solís, quería que el periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, le pagara nada menos que UN MILLÓN DE DÓLARES por supuestos daños materiales, morales, psicológicos y sociales.
Sin embargo, el Ministerio Público acaba de ponerle punto final al drama: las cuatro querellas penales presentadas por Castillo fueron archivadas por falta de sustento.
Cuatro querellas, cero delitos
Dos de las denuncias fueron archivadas provisionalmente por la fiscal Lorena Quirós Puga de Pérez, y las otras dos por la fiscal Verónica Checa, ambas de la Fiscalía Metropolitana.
¿El motivo? Según los dictámenes, no existen elementos de convicción suficientes para acreditar los delitos que Castillo intentaba atribuir al periodista.
Una lista interminable de acusaciones
Castillo acusó a Rodríguez de casi todo: calumnia, injuria, lesiones psicológicas, violencia de género, delitos contra la propiedad intelectual y la seguridad informática, entre otros.
Afirmaba que era víctima de una “campaña de desprestigio” y que por culpa de las publicaciones del periodista había perdido clientes, dinero, paz mental y hasta el sueño.
Todo por una serie de reportajes en los que se detallaban sus vínculos con la Contraloría, su relación con contratistas del Estado y su notable incremento patrimonial.
Las fiscales fueron claras: la prensa no se toca
Tanto Quirós como Checa fueron tajantes: el trabajo de Rodríguez está amparado por la libertad de expresión y el periodismo de investigación, derechos protegidos por la Constitución y tratados internacionales.
“El contenido publicado forma parte del ejercicio legítimo del periodismo”, concluyeron las fiscales, dejando sin piso las acusaciones de Castillo.
Además, recordaron que todo funcionario o exfuncionario público debe aceptar el escrutinio ciudadano, sobre todo cuando ha tenido participación en la gestión de fondos del Estado, como es el caso de Castillo, quien trabajó más de una década en la Contraloría General de la República y luego asesoró en contrataciones estatales millonarias.
¿Querellas por despecho?
En otro giro del caso, la abogada también acusó al periodista de intentar perjudicarla en procesos judiciales con su exesposo y su familia política, llegando incluso a decir que Rodríguez era testigo en su contra, algo que él negó rotundamente.
La fiscal Checa señaló que las notas periodísticas jamás tocaron la vida privada de la querellante, sino que se enfocaron exclusivamente en hechos de interés público.
Conclusión
El resultado: las cuatro querellas quedaron en el archivo.
Y el millón de dólares que Odila Castillo exigía… se quedó solo en su imaginación.
