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El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 83-25, mediante la cual se autoriza la contratación excepcional entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles S.A. (ASOCSA), para la ejecución del proyecto de rehabilitación y mejora de acueductos rurales a través de la perforación de pozos en 122 comunidades del país.
El monto del contrato asciende a B/. 5,599,609.20, un proyecto que, según el gobierno, busca atender con rapidez la falta de agua que afecta a comunidades rurales de Panamá.
ASOCSA se encargará del suministro, instalación e interconexión de pozos con los sistemas de acueductos existentes en once regiones de salud, abarcando provincias como Chiriquí, Panamá Este, Panamá Oeste, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Colón, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y Panamá Metro.
El MINSA informó que esta obra responde a una necesidad prioritaria para garantizar la seguridad hídrica de miles de panameños. Sin embargo, la rapidez del proceso y la elección directa de la empresa han generado comentarios entre diversos sectores sobre la continuidad de contratos públicos a ciertos grupos empresariales con conexiones políticas en administraciones pasadas y presentes.
Cabe recordar que ASOCSA pertenece a la familia Otálora, la cual ha sido mencionada en escándalos empresariales tanto en Panamá como en Colombia. En distintos momentos, el nombre del grupo ha aparecido vinculado a obras públicas y a controversias relacionadas con contrataciones estatales.
Aunque el proyecto busca un fin social loable —mejorar el acceso al agua potable en comunidades vulnerables—, el hecho de que una empresa con pasado controvertido y nexos conocidos con figuras políticas como Gaby Carrizo reciba una nueva adjudicación millonaria, despierta preguntas inevitables sobre los criterios de transparencia y la reiterada confianza que el Estado deposita en ciertos contratistas.
El ministro de Salud, Fernando Boyd, aseguró que el proyecto permitirá atender de forma rápida y eficaz a las comunidades más afectadas por la escasez de agua. No obstante, la ciudadanía espera que esta vez la ejecución cumpla con los más altos estándares de calidad y ética, para que el agua —bien tan esencial— no se convierta, nuevamente, en un negocio de pocos.
