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Una bomba política y judicial sacude nuevamente los cimientos del poder en Panamá. La Fiscalía Superior de los Delitos Contra la Administración Pública, a cargo de la fiscal Digna F. Castillo, ha emitido la Resolución No. 316, donde se ordena una inspección ocular al Órgano Judicial y al Ministerio de Salud, tras revelarse una presunta red de corrupción y tráfico de influencias que involucra a altos exfuncionarios del Estado, contratistas privados y sociedades pantalla.
Según el documento oficial, el Ministerio Público mantiene abierta la carpeta N°202500057872, iniciada por una denuncia Ciudadana, donde se señaló directamente a Laurentino Cortizo, Nadia del Río, Alexander Hepburn, y otros exfuncionarios, de haber infringido el Título X del Código Penal, específicamente bajo la modalidad de corrupción de servidores públicos y tráfico de influencias.
El modus operandi: licitaciones amañadas y favoritismo sentimental
La denuncia detalla que Nadia del Río, una de las investigadas, habría utilizado su posición para beneficiar con licitaciones públicas a su pareja sentimental, Juan Carlos Soto, entre los años 2019 y 2024.
Durante ese periodo, varias empresas habrían recibido contratos millonarios del Estado, especialmente en el Ministerio de Salud y el Órgano Judicial, instituciones ahora bajo escrutinio del Ministerio Público.
Entre las sociedades mencionadas destacan:
- ORUJO S.A., representada por Juan Carlos Soto Gómez.
- IMPERIUM LEX LEGAR BUREAU, SOLUTIONS & CONSULTING CORP., representada por Nadia del Río.
- SUPERMERCADO EL MILAGRO S.A., de Manuel Soto Balseiro.
- SICARELLE HOLDINGS, representada por Milva Chang Almengor de Gómez.
- GALINÓ SUÁREZ S.A. y LA CAUSA S.A., bajo la representación de Alexander Hepburn Córdoba.
- JM ENTERPRISES.
- MR LEGAL CONSULTING.
Estas empresas aparecen repetidamente en contratos estatales entre 2019 y 2024, período que coincide con el gobierno anterior.
La Fiscalía no descarta vínculos con el Órgano Judicial
La resolución ordena verificar si estas empresas también mantuvieron vínculos contractuales con el Órgano Judicial, lo que podría implicar un esquema de corrupción interinstitucional.
De confirmarse, este caso se convertiría en uno de los escándalos más graves de la década, comprometiendo a exfuncionarios de alto perfil y empresarios vinculados sentimental y políticamente entre sí.
El Ministerio Público dispuso una inspección ocular inmediata para obtener copias íntegras de los expedientes y contratos, buscando comprobar la existencia o no del delito contra la administración pública.
La investigación se fundamenta en los artículos 24, 68, 75, 273, 276, 277 y 318 del Código Procesal Penal.
Un caso que promete sacudir la política panameña
El documento firmado por la fiscal Digna F. Castillo se convierte en el primer paso formal hacia un proceso penal que podría alcanzar a figuras del más alto nivel político y empresarial del país.
En círculos judiciales y mediáticos, ya se especula que el caso podría tener ramificaciones en licitaciones de obras públicas, contratos de tecnología y compras del sector salud durante el quinquenio anterior.
Mientras tanto, fuentes cercanas al Ministerio Público aseguran que se prepara una nueva fase de allanamientos y citaciones, lo que podría traer nombres adicionales a la luz pública en los próximos días.
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