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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) solicitó formalmente al Contralor General de la República una revisión del Reglamento de Medidas Precautorias, al considerar que la inclusión de la figura del secuestro en dicho documento excede las competencias legales de la Contraloría y vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho y del debido proceso.
El gremio advierte sobre exceso de facultades administrativas
La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, explicó que el secuestro es una figura jurídica reservada exclusivamente al ámbito judicial, por lo que su incorporación a través de un reglamento administrativo resulta improcedente.
“El secuestro es una figura jurídica muy delicada que sólo puede crearse y aplicarse mediante ley, bajo supervisión de un juez competente. Incorporarla por vía reglamentaria no solo traslada funciones del Órgano Judicial a una autoridad administrativa, sino que abre las puertas a decisiones arbitrarias”, señaló De Sanctis.
APEDE advirtió que esta disposición podría generar conflictos legales y vulneraciones a derechos constitucionales, especialmente en lo que respecta al debido proceso y la seguridad jurídica.
Llamado al respeto de la institucionalidad
El gremio empresarial reiteró su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la transparencia y la institucionalidad, pilares que —según APEDE— deben prevalecer en cualquier medida de control o fiscalización de los recursos públicos.
Asimismo, instaron a que cualquier modificación al reglamento sea consultada con los sectores jurídicos y empresariales, para garantizar que las medidas precautorias que adopte la Contraloría no excedan su marco legal ni afecten la confianza en el sistema institucional del país.
APEDE subrayó que el fortalecimiento de la Contraloría debe basarse en la eficacia, la legalidad y la rendición de cuentas, sin apartarse de los principios que garantizan la justicia y el equilibrio entre los poderes del Estado.
