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En un movimiento que promete reconfigurar el panorama comercial, el expresidente Donald Trump ha anunciado la imposición de nuevos aranceles sobre las importaciones de madera y muebles a Estados Unidos. Esta medida, que se intensificará progresivamente hasta 2026, busca, según la administración, proteger la seguridad nacional y fortalecer la industria local.
Las nuevas tarifas, formalizadas mediante una proclama de la Casa Blanca, entraron en vigor el 14 de octubre, estableciendo un recargo inicial del 10% sobre la madera blanda y sus derivados. Los muebles tapizados, gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos similares enfrentarán un gravamen inicial del 25%. Sin embargo, el impacto total se sentirá a partir del 1 de enero de 2026, cuando la madera blanda y aserrada importada pagarán un arancel del 30%, mientras que los muebles de cocina y gabinetes, junto con las piezas importadas para su fabricación o ensamblaje, se verán afectados por una tarifa del 50%. En cuanto a los muebles tapizados, el arancel aumentará del 25% al 30% en la misma fecha.
Según el documento presidencial, estas medidas están diseñadas para «fortalecer las cadenas de suministro, reforzar la resiliencia industrial, crear puestos de trabajo de alta calidad y aumentar la utilización de la capacidad nacional para los productos de madera». No obstante, la medida ha generado controversia entre asociaciones empresariales, propietarios de pequeñas empresas, importadores y miembros del Congreso, quienes expresan preocupación por el posible impacto en los costos de los insumos, la inflación en los materiales de construcción y la disponibilidad de productos básicos en el mercado interno.
Los aranceles, que varían del 10% al 50% según el producto, afectarán tanto a materiales de construcción como a mobiliario, excluyendo únicamente a socios comerciales con acuerdos específicos. El Reino Unido, la Unión Europea y Japón podrán acceder a tarifas diferenciadas según los términos negociados en sus respectivos acuerdos comerciales con Estados Unidos. El resto de las economías se enfrentarán a los gravámenes completos. La administración ha dejado la puerta abierta a la negociación, indicando que «los países que negocien con Estados Unidos podrán asegurar una alternativa a los aumentos pendientes», refiriéndose a posibles flexibilizaciones mediante tratados bilaterales o multilaterales.
Además de la madera y el mobiliario, el comunicado oficial precisa que, a partir del 1 de octubre, también se aplicará un arancel del 100% a productos farmacéuticos de marca o patentados y otro del 25% a camiones de gran tamaño, profundizando así la extensión de la política arancelaria de Washington.
La legalidad de estos aranceles unilaterales a nivel mundial está siendo cuestionada, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará el 5 de noviembre la legalidad de la imposición de aranceles unilaterales a nivel mundial por parte del Ejecutivo. La administración argumenta que estas restricciones buscan garantizar la autonomía logística del país ante posibles interrupciones de suministro, al tiempo que refuerzan el empleo y la capacidad instalada de las industrias nacionales. El gobierno contempla mantener los gravámenes mientras persistan riesgos sobre la seguridad nacional o hasta que se logre un acuerdo satisfactorio con socios que, en palabras de la Casa Blanca, “aborden la amenaza de menoscabo a la seguridad” generada por las importaciones de productos de madera y mobiliario.
En resumen, la imposición de estos nuevos aranceles representa un cambio significativo en la política comercial estadounidense, con implicaciones que podrían afectar a una amplia gama de industrias y consumidores.
