El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó este viernes que sufrió un hackeo que resultó en la sustracción de documentos de su sistema informático. El anuncio fue realizado por el titular de la cartera, Felipe Chapman, quien precisó que los archivos corresponden al Departamento de Asesoría Legal.
“Se extrajeron algunos documentos que en efecto son públicos y no tienen relevancia. El crimen es haber penetrado el sistema”, declaró el ministro al referirse al incidente.
Documentos comprometidos
Chapman explicó que los archivos obtenidos incluyen dictámenes jurídicos, opiniones legales, resoluciones internas, contratos revisados y decretos ejecutivos, entre otros documentos administrativos. Subrayó que no se trató de información sensible y que los datos de la Dirección General de Ingresos ni de los contribuyentes fueron afectados.
Investigación en curso
El ministro señaló que el caso ya fue denunciado al Ministerio Público, con el objetivo de identificar a los responsables del ataque informático. También detalló que, tras la detección del software malicioso en una estación de trabajo, el MEF activó sus protocolos de seguridad y reforzó las medidas preventivas en todo el sistema.
Rumores en redes sociales
En redes sociales circuló la versión de que los atacantes habían sustraído 1.5 terabytes de información, lo que fue descartado por la entidad. El MEF recalcó que ninguno de sus sistemas centrales ni plataformas críticas fue comprometido, y que todas continúan operando con normalidad.
Contexto del área afectada
El Departamento de Asesoría Legal del MEF tiene como función garantizar que las actuaciones del ministerio estén alineadas con el marco jurídico vigente. Su rol incluye asesoramiento jurídico, revisión de contratos, participación en litigios y apoyo en la elaboración de normativas.
Refuerzo de ciberseguridad
Con este incidente, el MEF reiteró su compromiso de mantener protocolos de seguridad activos y en constante actualización, en un contexto en el que la ciberseguridad se ha convertido en un desafío prioritario para las instituciones públicas del país.