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Panamá vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia durante la pandemia del COVID-19. Mientras miles de familias lloraban la pérdida de sus seres queridos, mientras médicos y enfermeras se batían en jornadas interminables para salvar vidas sin contar con equipos adecuados, un grupo reducido de políticos, empresarios y funcionarios corruptos vio en la tragedia nacional la oportunidad de enriquecerse obscenamente.
Los hechos están documentados: contratos directos amañados para limpieza de hoteles donde se alojaban pacientes, sobreprecios groseros en mascarillas e insumos médicos, ventiladores comprados a precios de oro que nunca funcionaron, y hasta la vacunación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen convertida en un negocio clandestino.
El dolor de la población fue usado como moneda de cambio. Los vales digitales, creados para garantizar alimentos a las familias más humildes, fueron saqueados y manipulados, desviados hacia allegados al poder mientras miles de panameños pasaban hambre en sus casas cerradas por la cuarentena.
Detrás de esta maquinaria de corrupción había tentáculos que llegaban hasta lo más alto del gobierno de turno. El Ministerio de Salud fue el engranaje perfecto para justificar gastos millonarios, y desde el Palacio de las Garzas se permitió y avaló la danza de contratos sin licitación, blindados con la excusa de la “emergencia nacional”.
El pueblo fue engañado y abandonado. Se nos repetía que “nadie quedaría atrás”, pero la realidad fue que muchos quedaron bajo tierra mientras unos pocos se llenaban los bolsillos. No se trató solo de corrupción administrativa: se trató de crímenes contra la vida misma. Cada centavo robado significó un respirador menos, una cama menos, un medicamento menos, y en consecuencia, una vida menos.
Hoy, cuando la historia empieza a escribirse con más claridad, no basta con indignarse. Los responsables deben enfrentar la justicia. No pueden escudarse en el olvido ni en tecnicismos legales. Lo que ocurrió en Panamá durante la pandemia fue un delito de lesa humanidad, un crimen cometido contra el pueblo en su momento más vulnerable.
El dolor de las familias no prescribe. Las muertes que pudieron evitarse no se borran. Y la memoria colectiva exige que caigan los responsables: desde los empresarios inescrupulosos que se prestaron al festín, hasta los funcionarios de alto nivel que usaron su poder para proteger la corrupción.
Panamá no puede seguir siendo un país donde el dolor se negocia y la impunidad se premia. Es hora de justicia.
