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En Panamá nada es casualidad. Cuando el país apenas respira con la esperanza de salir de las temidas Listas Grises, aparece una jugada en la banca que amenaza con devolvernos de golpe al banquillo de los acusados internacionales. Banco Delta, institución clave en el sistema financiero, está a punto de cambiar de manos… y lo peor: los nuevos dueños levantan más sospechas que confianza.
La operación se presenta como “capitalización”, pero detrás de ese eufemismo se esconde un hecho preocupante: el control del banco pasará a Venasty Assets, Corp., liderada por dos nombres que deberían encender todas las alarmas.
Por un lado, Juan E. Melillo, ex Gerente General de la Caja de Ahorros durante el gobierno de Laurentino “Nito” Cortizo. ¿Casualidad? ¿Oportunismo? ¿Acaso la política y la banca se vuelven a entrelazar en esa peligrosa danza donde siempre termina perdiendo el país? La sombra de un gobierno criticado por su inacción y falta de transparencia vuelve a aparecer, ahora disfrazada de “nuevo liderazgo financiero”.
Por el otro, Sergi Lucas Fernández, nada menos que exdirectivo de la Banca Privada d’Andorra, una entidad que arrastra un historial manchado de cuestionamientos en foros internacionales por opacidad y vínculos con estructuras financieras dudosas. ¿Es este el perfil que merece Panamá justo ahora que intenta demostrar al mundo que aprendió la lección?
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) tiene la papa caliente en sus manos. Si aprueba esta transacción sin una lupa rigurosa, no solo avalará un negocio; estará poniendo en riesgo la frágil credibilidad internacional del país. Porque seamos claros: volver a las Listas Grises no sería un accidente, sería la consecuencia directa de cerrar los ojos frente a operaciones de alto riesgo.
El panameño de a pie puede no entender los tecnicismos de la banca, pero sí entiende el costo: más controles, más trabas, menos inversión y un país visto otra vez como paraíso para lo indebido.
¿Queremos que nos miren de nuevo como los malos de la película financiera mundial?
Hoy más que nunca hay que preguntar fuerte y claro:
¿Quién supervisa? ¿Quién responde si mañana Panamá vuelve a ser señalado por la comunidad internacional? ¿Por qué permitir que un banco de peso quede en manos de figuras ligadas al poder político del pasado reciente y a una banca extranjera cuestionada?
El silencio no es opción. El país necesita respuestas contundentes. Porque si la reputación de Panamá vuelve a caer, no serán Melillo ni Fernández quienes paguen la factura: será el pueblo entero.
