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El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 478 que moderniza el marco legal panameño contra la ciberdelincuencia, eliminando facultades excesivas del Ministerio Público y garantizando mayor control judicial.
Marco legal renovado contra delitos digitales
El mandatario panameño firmó este 4 de agosto la Ley 478 de 2025, que modifica y adiciona artículos al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 11 de 2015 sobre asistencia jurídica internacional en materia penal. La nueva legislación establece medidas más robustas contra la ciberdelincuencia mientras salvaguarda las garantías constitucionales.
La reforma más significativa se centra en la redacción revisada del artículo 16 sobre evidencia digital. La modificación elimina la facultad que anteriormente se otorgaba al Ministerio Público para actuar sin control judicial previo, subsanando posibles vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad que preocupaban a juristas y organizaciones de derechos humanos.
Cooperación internacional reforzada
Paralelamente, Panamá se adhirió al Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en Materia de Ciberdelincuencia, firmado originalmente en Madrid el 28 de mayo de 2014.
Este convenio refuerza la cooperación entre países iberoamericanos para adoptar medidas coordinadas contra los ciberdelitos, estableciendo mecanismos de cooperación mutua, aseguramiento de evidencia, transferencia de información y resolución de controversias.
Equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales
La nueva legislación busca un equilibrio crucial entre la eficacia en la persecución de delitos informáticos y el respeto a los derechos humanos. El convenio internacional compromete expresamente a los Estados firmantes a actuar «con respeto a los derechos humanos» en todas sus acciones contra la ciberdelincuencia.
Esta aproximación representa un cambio importante en la estrategia gubernamental, que ahora prioriza el control judicial previo como garantía fundamental en las investigaciones digitales, alejándose del modelo anterior que otorgaba amplias facultades discrecionales a los fiscales.
Desafíos digitales en crecimiento
La sanción de estas leyes responde al crecimiento exponencial de los delitos informáticos en Panamá y la región, que incluyen desde estafas digitales y robo de identidad hasta ataques a infraestructuras críticas y ransomware contra empresas e instituciones gubernamentales.
Las autoridades panameñas esperan que el nuevo marco legal, combinado con la cooperación internacional fortalecida, permita una respuesta más efectiva contra redes criminales que operan desde múltiples jurisdicciones aprovechando vacíos legales y la falta de coordinación entre países.
La implementación de estas medidas marca un hito en la modernización del sistema de justicia penal panameño, adaptándolo a los desafíos del siglo XXI sin sacrificar las garantías democráticas fundamentales.
