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En un comunicado conjunto, el Ministerio de Educación (Meduca), la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) han expresado su profunda preocupación y condena ante la presunta manipulación de menores de edad para su participación en actos de protesta. Las instituciones han manifestado su firme rechazo a cualquier forma de instrumentalización de niños y adolescentes en contextos políticos o sociales, subrayando la importancia de proteger sus derechos y garantizar su bienestar integral.
Según las declaraciones emitidas, las autoridades han recibido informes y evidencias que sugieren que menores están siendo utilizados como herramienta para amplificar mensajes o generar presión en el marco de las recientes manifestaciones que han tenido lugar en el país. Esta situación, advierten, no solo vulnera los derechos fundamentales de los niños, sino que también los expone a riesgos físicos y emocionales.
El Meduca ha reiterado su compromiso con la protección de los estudiantes, asegurando que se tomarán medidas para garantizar que el derecho a la educación no se vea afectado por la participación en protestas. Asimismo, se fortalecerán los mecanismos de prevención y detección de situaciones de riesgo dentro de las escuelas, con el objetivo de identificar y asistir a aquellos estudiantes que puedan estar siendo influenciados o coaccionados para participar en actividades que comprometan su seguridad.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha anunciado la apertura de investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La institución ha hecho un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación en la que se sospeche que menores están siendo manipulados o utilizados en actos de protesta. En este sentido, ha puesto a disposición sus canales de atención para recibir denuncias y brindar asesoramiento legal a las familias que lo necesiten.
Senniaf, como entidad encargada de la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, ha manifestado su disposición a coordinar acciones con otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar que los menores involucrados en estas situaciones reciban la atención psicosocial y el apoyo que requieran.
Las tres instituciones han coincidido en la necesidad de promover una cultura de respeto a los derechos de la infancia y la adolescencia, y de sensibilizar a la población sobre los riesgos que implica la manipulación de menores en contextos políticos o sociales. Han instado a los padres, educadores y líderes comunitarios a estar vigilantes y a denunciar cualquier situación que ponga en peligro el bienestar de los niños y adolescentes.
Este pronunciamiento conjunto busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a los menores de cualquier forma de explotación o manipulación, y de garantizar que puedan desarrollarse en un entorno seguro y saludable. Las autoridades han reafirmado su compromiso de trabajar de manera coordinada para prevenir y sancionar cualquier vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.
