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El primer año de gestión de la actual administración en Panamá, como ha sido presentado en el informe presidencial, se enmarca en un contexto de desafíos significativos y una profunda «herencia pesada» del pasado. Desde el inicio, el gobierno ha manifestado una intención de romper con prácticas arraigadas y de emprender un camino hacia la transformación del Estado y la recuperación económica. Este editorial busca analizar los puntos clave de este primer ciclo, destacando tanto las complejidades encontradas como las acciones emprendidas, manteniendo una perspectiva objetiva sobre lo expuesto.
El presidente ha subrayado que su primer año estuvo dominado por la necesidad de «resolver todo lo que tuvimos que resolver del pasado». La descripción de la situación encontrada es contundente: una Caja de Seguro Social (CSS) en condiciones críticas, una deuda pública histórica que ponía al país al borde de perder el grado de inversión, y obras paralizadas. Se señaló que ministerios y entidades se encontraban «golpeados por la desidia de gestiones que pusieron la política por encima de llevarle soluciones reales a las personas». La administración saliente fue acusada de un «endeudamiento descomunal» que no se tradujo en obras o servicios para los panameños, sino que fue mayormente «despilfarrado para sostener la ineficiencia de un estado cada vez más pesado y burocrático». Esto se tradujo, según el informe, en «política» y «politiquería», un terreno de «matraqueo, negociaciones y donde una mano lava la otra», siempre en torno a intereses monetarios. La magnitud del deterioro fue descrita no solo como «distorsiones endémicas» sino también como un «profundo deterioro moral». En respuesta a esta situación, el gobierno ha informado la interposición de 429 denuncias por hallazgos relacionados con lesiones patrimoniales. Además, se han denunciado negociados en obras inconclusas con precios escandalosos, nombramientos irregulares y repartición de becas.
Frente a este panorama, el gobierno ha enfatizado un cambio en el estilo de gobernar. El presidente ha expresado su respeto por la separación de poderes, destacando la elección «reñida, transparente y justa» del presidente de la Asamblea Nacional. Se hizo un llamado a los diputados de todas las bancadas a trabajar juntos «con respeto y sentido de patria», buscando impulsar leyes que fomenten el desarrollo y el bienestar de la población. Se ha prometido una colaboración constructiva en un ambiente de diálogo y compromiso por el bien común, afirmando que en esta nueva forma de gobernar «no hay presiones, compra de conciencia, maletinazos ni matraqueos». Las reuniones con diputados se han realizado «siempre en el Palacio de las Garzas y no metidos por ahí en recovecos extraños», buscando permitir que cada uno «obre con independencia sin temor a represalias». La administración ha asegurado que trabajará «con todos por igual sin importar su afiliación política», reconociendo el mandato popular como «sagrado» y buscando construir consensos para el avance del país. El gabinete, según lo expuesto, fue elegido de forma amplia, integrando independientes y personas de distintos sectores e ideologías, unidos por la voluntad de «hacer las cosas de manera diferente» y enfrentar los problemas con «valentía, integridad y transparencia».
A pesar de la pesada herencia, el informe destaca resultados en la recuperación económica y la mejora de servicios públicos. El país «vuelve a crecer y seguirá creciendo», con proyecciones cercanas al 4% del Producto Interno Bruto para este año. Esto se atribuye a una administración responsable y al uso eficiente de los recursos. Se logró reducir costos en más de 2500 proyectos de inversión pública sin afectar obras ni servicios. A nivel internacional, Panamá ha recuperado credibilidad en los mercados externos y ha dado pasos firmes para salir de listas discriminatorias de la Unión Europea. También se destacó la elección de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ejercerá la presidencia en agosto, y su designación como sede regional del proyecto Copérnico de la Unión Europea.
En el ámbito social y de salud, se resalta la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS) como «imperativa y absolutamente necesaria» debido a un sistema «colapsado». El proceso fue descrito como «abierto, público y democrático», con la participación de todos los partidos políticos, sindicatos, cámaras empresariales y representantes de pacientes. Un punto clave es que no se modificó la edad de jubilación en esta reforma, y cualquier futura modificación será una decisión popular en futuras campañas electorales. Se informa de mejoras en la CSS como la fuerte disminución de la mora quirúrgica, el aumento en el abastecimiento de medicamentos, la digitalización de expedientes y mayor transparencia en el manejo de fondos. Además, el gobierno ha invertido más de 138 millones de dólares en 92 centros educativos, y se han nombrado más de 4200 docentes. La implementación del programa «Medicamentos más baratos» ofrece hasta un 96% de descuento en medicinas esenciales.
En infraestructura, se ha avanzado en proyectos clave como la ampliación de la carretera Presidente Chiari y el intercambiador de Chitré. La controvertida cuarto puente sobre el Canal y el túnel de la Línea 3 del Metro están avanzando «a gran ritmo», buscando honrar compromisos desatendidos. Se ha iniciado una «revolución» en la producción de etanol y se anunció la apertura de la segunda «Tienda del Pueblo» para facilitar el acceso a alimentos económicos. En seguridad, se destaca una reducción del 99% en la migración irregular por el Darién, de más de 500,000 personas en 2023 a cifras mínimas en 2025, atribuida al cierre de rutas ilegales y refuerzo de controles. La Policía Nacional ha logrado un 90% de efectividad en capturas por homicidios e incautado más de 99 toneladas de droga.
Mirando al futuro, la administración ha anunciado un proceso urgente de «reforma del Estado para hacerlo más eficiente», desmontando estructuras superpuestas. Se prevé la transformación del Banco Hipotecario Nacional en un instituto de fomento a viviendas de interés social, con una reducción del 80% de su planta laboral. El BDA se convertirá en un instituto de fomento agropecuario y el Ministerio de la Mujer pasará a ser una secretaría dentro del MIDES. Se presentará una nueva ley de carrera administrativa que buscará garantizar transparencia y profesionalización en el sector público.
Además, se han delineado próximas licitaciones y entregas de obras. Para julio, se esperan licitaciones para la planta de tratamientos de lixiviados en Cerro Patacón y el teleférico de San Miguelito. En agosto, se entregará el Policentro de San Isidro y comenzará la rehabilitación de potabilizadoras. Septiembre verá la inauguración del puente sobre el río Vallano y el estadio Armando Delis Valdés, junto con un programa de pozos y microacueductos rurales. Para octubre, se iniciará la licitación de una nueva flota de buses eléctricos y la entrada en vigor del seguro al turista. El año cerrará en diciembre con la entrega del hospital de Bugaba y el Centro Femenino de Rehabilitación en Las Garzas.
El primer año de gestión se presenta como un período de confrontación con una realidad compleja y de implementación de medidas para revertir la inercia del pasado. La narrativa del gobierno es clara: se ha pasado «del caos a la reconstrucción, del abandono al trabajo y del cinismo a la responsabilidad». Aunque se reconoce que la recuperación «está llevando más tiempo» y que «aún queda mucho por hacer», el enfoque está en establecer bases sólidas y en la construcción de consensos para el progreso de Panamá. El discurso concluye con una invitación a la colaboración de todos los panameños, independientemente de sus diferencias políticas, para priorizar al país y su gente en los próximos cuatro años, buscando más crecimiento, obras, servicios y oportunidades.
