Durante más de 40 días, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino ha actuado con paciencia, con respeto y con tolerancia. Ha escuchado, ha propuesto soluciones y ha ofrecido la mano. Pero la otra parte ha respondido con cierres, abusos y destrucción.
Hoy, Bocas del Toro no está en protesta: está secuestrada.
Una minoría radical ha paralizado la provincia, ignorando el clamor de miles de familias que quieren trabajar, estudiar y vivir en paz.
- Profesores que abandonaron su misión de formar jóvenes para tomarse las calles.
- Sindicalistas que, con una agenda mezquina, destruyeron la fuente de empleo de más de 7,000 trabajadores con el cierre de Chiquita, la empresa más grande del sector bananero.
- Bloqueos en más de 20 puntos de las carreteras, impidiendo el paso de alimentos, medicinas, atención médica, y el libre tránsito de los bocatoreños.
No permiten ferias del IMA, ni operativos de salud, ni apoyo del gobierno. Ni dejan salir los productos del campo.
¿Quién se beneficia con este caos?
Ciertamente, no la gente buena y trabajadora de Bocas.
La mayoría —la que madruga, la que quiere paz, la que respeta— está siendo pisoteada por una minoría que cree que imponer es más valioso que dialogar.
El presidente ha sido claro: las vías se van a despejar. Y el país lo respalda.
Porque el orden no es represión: es justicia para la mayoría.
El pueblo de Bocas merece desarrollo, no destrucción.
Merece escuelas abiertas, empleos dignos, carreteras libres.
Merece paz.
Hoy, más que nunca, hacemos un llamado a la conciencia, a la razón y a la responsabilidad.
Y si no hay respuesta de quienes bloquean el futuro de toda una provincia, que sepan esto: el Estado tiene el deber y la obligación de actuar.
Y lo hará.
¡Defendamos a Bocas del Toro!
No más silencio.
No más miedo.
No más secuestro.