Millones en el Limbo; Bolota toma distancia del Representante de Barrio Norte

Redacción PNN 09/06/2025

¿Dónde está la plata de la descentralización? Esa es la pregunta que retumba hoy en cada rincón de Barrio Norte y Salud, dos juntas comunales de Colón que recibieron millones del Estado durante el quinquenio de Laurentino Cortizo, pero donde la pobreza, el abandono y la falta de servicios básicos siguen siendo el pan de cada día. La Contraloría General y la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) han destapado un escándalo que amenaza con sacudir los cimientos de la política local y nacional: más de $20 millones entregados a dos corregimientos, sin justificación, sin documentos y sin obras palpables.

Barrio Norte: $14 millones sin rastro

La Junta Comunal de Barrio Norte, bajo la administración de Javier Lynch —suplente del diputado Jairo “Bolota” Salazar—, recibió más de $14.1 millones entre 2021 y 2023 a través del Programa de Interés Social (PDIS). ¿El resultado? Actas de compromiso sin sustento, proyectos “fantasma” y una comunidad que sigue esperando agua potable, energía y atención social. La auditoría interna de la AND reveló la ausencia total de copias de cheques, cédulas de beneficiarios y actas de recibido. Solo 34 de las 600 juntas comunales del país entregaron información requerida; el resto, silencio y destrucción de pruebas.

Salud: millones para la nada

El caso de Salud es igual de indignante. Eugenio “Geñito” Delgado, representante y ahora alcalde, administró más de $6 millones en fondos de descentralización paralela. ¿El saldo? Una comunidad de menos de 500 personas sin agua ni luz, pero con transferencias millonarias que nadie puede explicar. Según el contralor Flores, hay evidencia de destrucción de documentos y computadoras para ocultar el rastro del dinero público.

“Gastan como les plazca”

Bolota Salazar, electo dos veces como representante de Barrio Norte, pero siempre optando por la curul de diputado, marca distancia y se lava las manos: “Los representantes pueden gastarse los dineros como les plazca, así lo dice el manual”, afirma, mientras la indignación crece en las calles y las investigaciones avanzan. Salazar insiste: “No manejé ni un centavo de ese dinero… Yo me río de eso”. Pero la comunidad no ríe: exige respuestas y justicia.

El modus operandi: cuentas abiertas de un día para otro, solicitudes millonarias en plena pandemia, y transferencias que se esfumaron sin obras ni transparencia. La AND ya presentó denuncia penal por peculado, delito que podría llevar a los responsables a prisión por hasta 15 años. El mensaje del contralor es claro: “No vamos a permitir estos abusos. Recuperaremos ese dinero”.

¿Y la justicia?

Mientras tanto, los edificios ruinosos y el abandono siguen siendo el rostro de Barrio Norte y Salud. Los millones de la descentralización paralela no llegaron a quienes más lo necesitaban. Hoy, la ciudadanía exige que la justicia actúe, que los responsables no se escuden en tecnicismos ni en el “juega vivo” político. Panamá merece saber la verdad y ver resultados.

Este escándalo no puede quedar en el olvido. Es hora de que la descentralización vuelva a ser sinónimo de desarrollo, no de corrupción ni de impunidad.