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El Ministerio de Educación de Panamá ha tomado la decisión de mantener la suspensión de clases en todo el país debido al creciente descontento social en torno a un contrato minero altamente polémico. Grupos pertenecientes a la Alianza Pueblo Unido por la Vida, quienes en julio de 2022 lideraron manifestaciones en contra del alto costo de vida que paralizaron el país, se han unido una vez más para exigir la derogación de una ley que respalda el acuerdo entre el Gobierno y la empresa Minera Panamá. Consideran que dicho pacto es perjudicial para la soberanía del país y tiene graves impactos ambientales.
El secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Saúl Méndez, ha declarado a la prensa que «nos mantendremos en las calles hasta derrotar el leonino contrato que permite el saqueo de nuestros recursos naturales.» Estas protestas y manifestaciones se están llevando a cabo en las 10 provincias de Panamá.
Los bloqueos de carreteras también se han vuelto frecuentes, afectando arterias viales principales como la vía Interamericana, que conecta el istmo con Centroamérica, así como los accesos a la capital desde las provincias occidentales de Veraguas y Chiriquí. Estas medidas ya están afectando a los mercados y puntos de abastecimiento.
El malestar de la ciudadanía se ha hecho evidente en localidades como Pacora (Panamá Este), el Puente de las Américas y la céntrica Calle 50. Estas manifestaciones a menudo han concluido en enfrentamientos violentos con las unidades antimotines de la policía, quienes han utilizado gas pimienta y balines de goma en respuesta a los manifestantes, que incluyen a indígenas y han lanzado piedras.
Además de los gremios docentes, la Asociación de Profesores de Panamá ha declarado una huelga general de 48 horas desde el martes. Exigen, al igual que otras organizaciones sociales, la derogación de la Ley 406, que respalda el convenio suscrito entre el Ejecutivo y la subsidiaria de la multinacional canadiense First Quantum.
La Comisión Médica Negociadora Nacional también se ha unido a los grupos que rechazan el pacto, anunciando un paro escalonado e indefinido de labores.
Los colectivos argumentan que el contrato de concesión de tierras por 20 años, con posibilidad de prórroga por un periodo igual, ya fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia debido a contratación directa. Aseguran que el acuerdo actual tiene los mismos problemas de legalidad y permite la devastación irreparable de la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano.
La Alianza ha hecho hincapié en la necesidad de establecer una moratoria en la actividad extractiva, lo que implicaría el cierre de las operaciones en la mina de cobre en Donoso (Colón), y la realización de un referendo para que el pueblo, a través de su voto, decida si desea que el país se convierta en una nación minera o no. Estas manifestaciones y movilizaciones continúan siendo un reflejo del descontento de la población ante lo que consideran una amenaza a la soberanía y el medio ambiente de Panamá.
