Dulce Atahuaman Carhuancho, una joven peruana de 21 años, fue trasladada de urgencia desde el South Louisiana ICE Processing Center (SLIPC) a un hospital en Luisiana con una hemorragia cerebral y signos de abuso físico. Sus abogados alegan que las lesiones fueron resultado de maltratos sufridos dentro de la instalación operada por la empresa privada Geo Group, valuada en 5.000 millones de dólares.
Tras ser detenida en Arizona mientras buscaba asilo político, Carhuancho fue ingresada en SLIPC, un centro de detención exclusivo para mujeres inmigrantes. Un mes después, llegó al hospital con hematomas severos y signos compatibles con abuso sexual. Aunque sobrevivió, sufre graves secuelas neurológicas y su familia ha demandado a Geo Group por negligencia y encubrimiento.
Negligencia y abusos sistemáticos
El caso de Carhuancho no es un hecho aislado. Una revisión de más de 20 demandas contra Geo Group y su principal competidor, CoreCivic, revela patrones recurrentes de mala gestión, escasez de personal y condiciones inhumanas. Un informe de la ACLU sobre muertes en centros de detención del ICE entre 2017 y 2021 indicó que 31 de las 52 muertes reportadas ocurrieron en instalaciones de estas dos compañías, concluyendo que el 95% de ellas eran evitables.
Las deficiencias incluyen falta de atención médica, condiciones insalubres y suicidios que podrían haberse prevenido. En 2018, Geo Group fue sancionada por la muerte de un detenido en Colorado tras suspenderle su medicación para un trastorno por consumo de opioides. Por su parte, CoreCivic fue multada por el ICE debido a suicidios en un centro de detención en Georgia.
Deportaciones masivas y un negocio en auge
Con la promesa de Donald Trump de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos, Geo Group y CoreCivic se preparan para un incremento en la demanda de detención de inmigrantes. En 2023, el 90% de los detenidos por el ICE estaban en prisiones privadas, con el 80% de ellos en instalaciones de Geo y CoreCivic.
El primer mandato de Trump fue lucrativo para ambas empresas: en 2019, Geo generó 2.480 millones de dólares en ingresos, mientras que CoreCivic obtuvo 1.980 millones. Durante el gobierno de Biden, las cifras se mantuvieron similares, pero la victoria electoral de Trump en 2024 impulsó un alza del 75% en el valor de las acciones de estas compañías.
Ahora, con la promesa de deportar hasta 11 millones de inmigrantes, el gobierno está firmando nuevos contratos con Geo y CoreCivic, incluyendo acuerdos millonarios para expandir su capacidad de detención. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el sistema no está preparado para manejar una afluencia masiva de detenidos sin agravar las condiciones inhumanas ya denunciadas.
El caso de Dulce Carhuancho es un recordatorio del alto costo humano de estas políticas migratorias y del lucrativo negocio que existe detrás de la privación de libertad de miles de personas.