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La construcción del nuevo Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, provincia de Coclé, ha sido objeto de múltiples retrasos y sobrecostos que han afectado significativamente su ejecución y presupuesto inicial. Este proyecto, concebido para mejorar la infraestructura de salud pública en la región, ha enfrentado diversas modificaciones contractuales y demoras que han incrementado su costo original de manera considerable.
Inicialmente, el contrato para la construcción del hospital se estableció en $47,5 millones. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se han aprobado cuatro adendas al contrato original, siendo la última por un monto de$166.5 millones. Estas modificaciones han elevado el costo total del proyecto a $214 millones. A pesar de esta inversión adicional, la obra aún no ha sido concluida, presentando un avance físico del 68% y un avance financiero del 61%. Mientras tanto, la población de Coclé continúa esperando por instalaciones médicas adecuadas que satisfagan sus necesidades de atención en salud.
El tema de los retrasos y sobrecostos en la construcción del Hospital Aquilino Tejeira fue abordado recientemente en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Durante la sesión, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, junto con su equipo de trabajo, solicitó varios traslados de partidas con el objetivo de impulsar distintos proyectos. Entre las solicitudes, se incluyó una partida de $1 millón destinada a trabajos de infraestructura en el antiguo hospital Aquilino Tejeira, ya que el nuevo no estará listo hasta julio de 2026. Esta situación refleja la urgencia de mejorar las condiciones de las instalaciones actuales ante la demora en la entrega del nuevo hospital.
Las adendas y los denominados «equilibrios contractuales» han sido herramientas recurrentes en proyectos de infraestructura pública en Panamá. Si bien estas modificaciones contractuales pueden ser necesarias para ajustar aspectos técnicos o financieros imprevistos, su uso excesivo o indebido puede abrir la puerta a prácticas corruptas. En el caso del Hospital Aquilino Tejeira, las sucesivas adendas han generado sospechas y críticas sobre la transparencia y eficiencia en la gestión del proyecto.
Un caso que ha suscitado atención en este contexto es el de Odila Castillo, exfuncionaria de la Contraloría General de la República y actual líder de la firma Castillo, Guardia & Asociados. Castillo ha sido señalada en investigaciones por su presunta participación en una «contraloría paralela» que exigía pagos ilegales a empresarios para facilitar contratos y pagos con el gobierno. Entre las prácticas cuestionadas se encuentra el uso de cláusulas de equilibrio contractual para renegociar condiciones en contratos estatales, lo que podría haber contribuido a sobrecostos y retrasos en proyectos como el del Hospital Aquilino Tejeira.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha manifestado su desagrado hacia los equilibrios contractuales, indicando que no le gustan estas prácticas y que desconoce las investigaciones judiciales relacionadas con posibles casos de corrupción pública que involucran a ex asesores de la Contraloría. Estas declaraciones ponen de manifiesto la preocupación existente en los más altos niveles del gobierno respecto a la transparencia y legalidad en la gestión de contratos públicos.
La situación del Hospital Aquilino Tejeira es un reflejo de los desafíos que enfrenta Panamá en la ejecución de proyectos de infraestructura pública. Los retrasos, sobrecostos y modificaciones contractuales no solo afectan la economía del país, sino que también tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos que dependen de estos servicios. Es imperativo que las autoridades refuercen los mecanismos de supervisión y transparencia para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población.
