El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, alerta sobre el impacto significativo de los ajustes salariales en el gasto público de Panamá, señalando que las leyes especiales que regulan estos aumentos representan uno de los mayores desafíos para la economía nacional.
El creciente impacto de los ajustes salariales en la planilla estatal está poniendo a prueba la capacidad financiera del Estado panameño. Así lo ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien advirtió que las leyes especiales que establecen aumentos periódicos para los funcionarios públicos se han convertido en una carga cada vez más difícil de sostener.
Panamá es el segundo país de Latinoamérica con la mayor proporción de servidores públicos en relación con la población económicamente activa, solo superado por Argentina. Hasta mayo de 2024, 259,427 funcionarios públicos devengaban un sueldo bruto mensual de $433.8 millones. En comparación con 2019, la planilla estatal ha crecido en 21,179 funcionarios, un incremento del 8.9%, mientras que los salarios mensuales han aumentado en $84.3 millones, un alza del 24.1%.
Chapman explicó que es posible reducir progresivamente esta carga mediante un proceso de amortización del empleo, el cual busca una transición gradual hacia el sector privado sin generar un aumento en el desempleo. “No queremos que las personas salgan de trabajar en el sector público y queden desempleadas», enfatizó el ministro, quien también señaló la necesidad de entrenar técnicamente a los trabajadores para que puedan adaptarse a las demandas del mercado laboral del siglo XXI.
El ministro también destacó que los mayores gastos dentro de la planilla estatal se concentran en los sectores de educación, salud y seguridad, donde imperan leyes especiales que obligan a realizar incrementos salariales periódicos, además de bonificaciones. Estas leyes, según Chapman, representan el mayor incremento en los gastos del Estado, limitando considerablemente la flexibilidad del gobierno para optimizar sus recursos.
El exministro de Economía, Héctor Alexander, también advirtió sobre el impacto de estas leyes, señalando que entre 2020 y 2024, el impacto en la planilla del Gobierno Central fue del 26%.
A pesar de este panorama, Chapman mantiene la esperanza de presentar un presupuesto para 2025 que sea inferior al de este año, como parte de un esfuerzo por controlar el gasto público. «Es lo que pretendemos presentar», afirmó, anticipando las próximas discusiones en la Asamblea Nacional, donde se analizarán las vistas presupuestarias de las entidades públicas.
La situación actual del gasto público en Panamá, impulsado en gran medida por los ajustes salariales, plantea un desafío significativo para la sostenibilidad económica del país. Es crucial que el gobierno y la sociedad civil reflexionen sobre cómo equilibrar la necesidad de mantener un sector público eficiente y la responsabilidad de garantizar una economía sólida y sostenible para las futuras generaciones.