El caso de Odila Castillo ha encendido las alarmas en Panamá por posibles actos de corrupción vinculados con la Contraloría General de la República (CGR). Fiscales anticorrupción, encabezados por Mahmad Daud Hasan e Itzel Koo, están investigando los supuestos beneficios millonarios que Castillo habría gestionado para contratistas del Estado. Esto implica indagar si ella tramitó estos beneficios cuando aún trabajaba como asesora del contralor Gerardo Solís, levantando serias sospechas de un conflicto de intereses o si los mismos se dieron posterior a su salida dándole un toque de legalidad a través de contratos de la firma de Abogados que lidera
Castillo, que tiene una firma llamada Castillo, Guardia & Asociados, acumuló un patrimonio considerable en poco tiempo, cifras estiman que más de 3 Millones de dólares, de los cuales tiene un Plazo Fijo por 1,200,000.00. Se le atribuyen propiedades de lujo como un pent-house en Santa María y 8 apartamentos y 2 locales comerciales en David, además de membresías en clubes y viajes a destinos costosos. Sus ingresos declarados cuando era asesora, solo alcanzaban los $31,500 al año, lo cual plantea interrogantes sobre la procedencia de sus recursos.
El periodista Álvaro Alvarado ha insinuado, a través de sus redes sociales, la existencia de una “contraloría paralela” en Costa del Este —donde Castillo tiene oficinas— sugiriendo que ciertas empresas habrían tenido que gestionar «trámites especiales» para agilizar sus pagos con el Estado.
Además, su vínculo con Zenia Vásquez, actual secretaria general de la CGR, amplifica las especulaciones sobre su influencia en la entidad y el alcance de sus conexiones. Pese a esto, Gerardo Solís ha defendido la trayectoria de Castillo, destacando su experiencia en derecho administrativo y calificándola como un “caso de éxito”.
Este caso sigue siendo seguido de cerca por el Ministerio Público y por ciudadanos, ansiosos de conocer si los lujosos logros de Castillo son fruto de una legítima carrera o resultado de una red de corrupción dentro de la administración pública.