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Los Equilibrios Contractuales: ¿Mecanismo de Ajuste o Puerta a la Corrupción?
En la administración pública, los contratos de obras y servicios suelen estar sujetos a variaciones de costos debido a factores como inflación, imprevistos en la ejecución o cambios en las condiciones del mercado. Para manejar estas situaciones, existe una herramienta legal conocida como «equilibrio contractual«, cuyo objetivo es garantizar que el contratista no asuma pérdidas desproporcionadas y que el Estado tampoco pague más de lo necesario.
Sin embargo, este mecanismo, que en teoría busca la equidad entre las partes, puede convertirse en una fuente de corrupción si no cuenta con los controles adecuados. En Panamá, se han dado múltiples casos en los que el equilibrio contractual ha servido para justificar aumentos de costos desmedidos en proyectos estatales, beneficiando a ciertas empresas con millonarias adendas sin una justificación técnica real.
¿Cómo funciona el Equilibrio Contractual?
Cuando una empresa gana una licitación y firma un contrato con el Estado, acuerda un precio y un tiempo de entrega. No obstante, si en el transcurso de la ejecución surgen cambios en costos de materiales, mano de obra o circunstancias imprevistas, la empresa puede solicitar una revisión del contrato bajo el principio de equilibrio contractual. Esto puede traducirse en adendas que incrementan los costos y extienden los plazos de entrega.
El problema es que muchas veces estas modificaciones se han utilizado como una excusa para inflar contratos, desviando recursos públicos y afectando la calidad de las obras. Sin una supervisión rigurosa, los equilibrios contractuales se convierten en una herramienta de saqueo del erario público.
El Caso Odila Castillo y los Equilibrios Contractuales
Uno de los nombres que ha salido a relucir en este tipo de prácticas es el de la Lic. Odila Castillo, vinculada a proyectos que han experimentado sobrecostos millonarios bajo el concepto de equilibrio contractual. Su participación en licitaciones públicas como funcionaria de La Contraloría, luego como abogada independiente, su relación con figuras políticas y empresarios han generado sospechas sobre cómo se manejan estos ajustes en los contratos.
El hospital Aquilino Tejeira es un claro ejemplo de cómo los equilibrios contractuales pueden ser utilizados de manera opaca. Con cuatro adendas y un aumento de más de 47 millones de dólares sobre el costo original, el proyecto aún no está terminado, dejando en evidencia las debilidades en los mecanismos de control.
¿Cómo evitar que el Equilibrio Contractual se convierta en corrupción?
Para evitar que esta herramienta legal se convierta en un canal de desvío de fondos, es necesario establecer controles estrictos y mecanismos de transparencia. Algunas medidas clave incluyen:
- Auditorías independientes que verifiquen la justificación técnica y financiera de cada adenda.
- Publicación de todas las modificaciones contractuales en plataformas accesibles al público.
- Sanciones severas para empresas y funcionarios que abusen del equilibrio contractual para beneficio propio.
El equilibrio contractual debe ser una herramienta para garantizar la viabilidad de los proyectos públicos, no un atajo para el enriquecimiento ilícito. Panamá necesita mayor vigilancia y rendición de cuentas para evitar que el dinero de los contribuyentes termine en los bolsillos de unos pocos.
Los Miles de Millones en Equilibrios Contractuales durante el Gobierno de Nito Cortizo y la participación de la Lic. Odila Castillo, en la mayoría de estos, marca un reto para el Estado y para el sistema de justicia en Panamá.
