La Lista de Clientes de Odila Castillo; Primera Parte

admin 03/02/2025

Desde Octubre, este diario junto a La Voz Noticias e Impacto Panamá, todos parte del grupo editorial D Media Group, ha revelado informaciones clave sobre las actividades y propiedades de la abogada y exfuncionaria de la Contraloría Odila Castillo. Entre las principales interrogantes que surgen están: ¿Quiénes fueron los principales beneficiarios de sus servicios? ¿Cuánto cobró por sus asesorías en los años 2021, 2022, 2023 y 2024? ¿Continúa operando con el mismo esquema en la actualidad?

Estos clientes no solo contrataron con entidades del sector público, sino que también gestionaron adendas, liquidaciones y modificaciones contractuales basadas en el principio de equilibrio financiero, lo que hace que esta información sea de interés público. Este medio ha obtenido una lista parcial de clientes de Castillo, aunque no por parte de la propia abogada, quien en apenas dos años acumuló una fortuna multimillonaria con propiedades en diversas ubicaciones, entre ellas un penthouse en Santa María y 11 apartamentos en la vía Ricardo J. Alfaro, además de cuentas bancarias con sumas significativas.

IBT Group/Ingeniería REC

Uno de los clientes más importantes de Castillo es IBT, una empresa cuya filial en Panamá ha estado vinculada a escándalos de adjudicación de contratos de obras públicas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). IBT fue responsable de la construcción de centros hospitalarios en Bugaba, Colón, Los Santos y Darién, con un costo total de $237 millones. Uno de estos proyectos, el hospital Manuel Amador Guerrero, fue suspendido y posteriormente retomado por la administración de Laurentino Cortizo a través de un consorcio conformado por Transeq, Ingeniería REC y Proinfra.

Ingeniería REC, presidida por el expresidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Eduardo Di Bello, se vio envuelta en el caso Blue Apple, devolviendo al Estado $1.3 millones en un acuerdo con el Ministerio Público. Otro cliente de Castillo, Constructora Rodsa, también estuvo implicado en este caso.

Constructora Rodsa

Rodsa se ubicó en el quinto puesto entre las empresas con mayores adjudicaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) hasta enero pasado, sumando contratos por $118 millones. Su directivo, Juan Alexis Rodríguez, fue delator en el caso Blue Apple, revelando que funcionarios del MOP en la administración de Martinelli solicitaban coimas del 8% al 10% del monto de los contratos adjudicados. Curiosamente, la tabla de honorarios de Castillo estipula un 10% de comisión sobre los montos gestionados en modificaciones contractuales.

Constructora Rigaservices

Rigaservices ha sido una de las empresas con mayor participación en proyectos de infraestructura hospitalaria, sumando 17 obras adjudicadas durante el gobierno pasado. Entre sus proyectos más notables está la terminación de la Ciudad de la Salud, una obra de la Caja de Seguro Social (CSS) cuyo costo final ascendió a casi $1,300 millones. Sin embargo, su desempeño ha estado bajo escrutinio debido a problemas de construcción, como las inundaciones registradas en la policlínica de Aguadulce pocas semanas después de su inauguración.

Grupo Allen y Transeq

Transeq, vinculada al expresidente de Capac, Carlos Allen Arosemena, figura entre los principales clientes de Castillo. Esta empresa se ha adjudicado contratos por al menos $127 millones, incluyendo la construcción del Corredor del Caribe en Colón, una obra valorada en $84 millones. En este proyecto, Transeq hizo alianza con Ingeniería Estrella, una compañía dominicana que ha sido investigada por presuntas irregularidades en transacciones con Odebrecht y por supuestas irregularidades en Haití.

Próximos pasos en la investigación

Este medio, a través de Panamá Noticias Network y su equipo de investigación, continuará revelando detalles sobre este escándalo, en el que convergen políticos, empresarios y abogados en presuntas irregularidades con fondos públicos. La opacidad en estos contratos, la falta de transparencia en las modificaciones presupuestarias y la conexión entre los beneficiarios de estas gestiones son solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción que sigue vigente.

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