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La Contraloría General de la República enfrenta críticas tras el nombramiento permanente de Zenia Vásquez, exsecretaria general y antigua socia de la abogada Odila Castillo, quien ahora ocupa el cargo de «asistente ejecutiva II» con un salario cercano a $5,500. Este movimiento, realizado por el contralor saliente Gerardo Solís, ha generado rechazo dentro de la institución, particularmente del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General (Sitracog).
Detalles del nombramiento
Zenia Vásquez, viuda de Palacios, inició labores en la Contraloría el 2 de enero de 2020, con un salario mensual de $3,340 más $3,000 en gastos de representación. Sin embargo, antes de culminar su mandato, Gerardo Solís gestionó su permanencia en un cargo similar con un salario fijo, asegurando su continuidad más allá del cambio de administración.
El nombramiento ha generado controversia debido a los vínculos previos entre Vásquez y Castillo, quienes compartieron un bufete de abogados que, durante su actividad, gestionó trámites contractuales para contratistas del Estado mientras ambas ocupaban roles cercanos en la Contraloría.
Críticas internas y sindicales
El Sitracog manifestó su oposición en una carta filtrada recientemente, calificando los nombramientos como un acto de abuso de poder que prioriza intereses personales sobre los institucionales. Según el sindicato, al menos ocho directores y nueve subdirectores nacionales han sido designados como “asistentes ejecutivos II” con salarios que rondan los $5,000, consolidando su permanencia en la entidad bajo estructuras laborales que dificultan su remoción.
El documento enviado por el sindicato subraya que este tipo de prácticas “afectan la credibilidad y la transparencia” de la institución, e instan a la nueva administración a tomar medidas correctivas para garantizar que los recursos humanos estén alineados con los intereses públicos.
Reacciones públicas
El caso de Zenia Vásquez resalta en un contexto de constantes cuestionamientos sobre la gestión de Gerardo Solís, quien deja la Contraloría en medio de tensiones internas y acusaciones de politización. Organizaciones civiles y expertos han pedido una revisión exhaustiva de los recientes nombramientos para asegurar que no se conviertan en precedentes de irregularidad en la administración pública.
El nuevo contralor designado enfrenta ahora el desafío de restaurar la confianza en una institución clave para la fiscalización del Estado.
