En el intrincado mundo de la corrupción panameña, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Odila Castillo y la firma que lidera Castillo, Guardia y Asociados. Según el Periódico Mi diario, esta exfuncionaria de la Contraloría General de la República ha sido señalada como la mente maestra detrás de una presunta «Contraloría Paralela«, una red que, según informes, exigía pagos ilegales a empresarios para agilizar contratos y desembolsos gubernamentales.
Además, el Diario La Prensa señala en su investigación, que entre 2021 y 2023, la firma Castillo, Guardia & Asociados, liderada por Castillo, experimentó un crecimiento financiero vertiginoso, pasando de generar $742,000 en 2021 a casi $11 millones en 2023. Estas cifras han levantado sospechas sobre la legalidad de sus operaciones y su acceso privilegiado a la Contraloría.
En nuestra investigación de la unidad investigativa de PNN, el escándalo tomó una dimensión internacional cuando una ciudadana estadounidense denunció ante la embajada de su país el cobro de comisiones ilegales para acelerar pagos a una filial de una compañía norteamericana. Esta denuncia llevó al Buró Federal de Investigación (FBI) a poner su mirada en Castillo y su firma, destapando una posible red de corrupción que involucra a bancos, empresarios y promotoras inmobiliarias.
La estrategia de Castillo para defender su imagen ha sido cuestionada. Recientemente, recurrió a influencers locales para reforzar su narrativa de que todas sus acciones se han realizado dentro del marco legal. Sin embargo, esta táctica ha sido vista por muchos como un intento desesperado por desviar la atención de las graves acusaciones en su contra.
La lista de clientes de Castillo incluye nombres vinculados a escándalos de corrupción previos. Por ejemplo, Ingeniería REC, presidida por Eduardo Di Bello, estuvo implicada en el caso Blue Apple y devolvió al Estado $1.3 millones en un acuerdo con el Ministerio Público. Otro cliente, Constructora Rodsa, también estuvo involucrado en el mismo caso.
La rápida acumulación de riqueza de Castillo ha sido objeto de escrutinio. Según el diario La Prensa, su bufete pasó de generar $742,000 en 2021 a casi $11 millones en 2023, cifras difíciles de justificar sin su acceso privilegiado a la Contraloría General de la República.
El exdiputado Juan Diego Vásquez ha expresado su preocupación por este caso, destacando la necesidad de que todos, independientemente de su posición, rindan cuentas ante la ley. Su llamado resuena en una sociedad cansada de la impunidad y la corrupción que parecen permear las instituciones públicas.
Mientras las investigaciones avanzan, la figura de Odila Castillo se erige como un símbolo de los desafíos que enfrenta Panamá en su lucha contra la corrupción. La sociedad panameña observa con atención, esperando que la justicia prevalezca y que casos como este no queden impunes.
Resumen Informativo tomado de diversos medios como La Prensa, Mi Diario, PNN y declaraciones del Presidente del Movimiento VAMOS Juan Diego Vázquez.